Las cuentas pendientes

Una cuenta pendiente no es exactamente una deuda, pero se le parece. España, como potencia ocupante o colonial que fue en el Sahara tiene una deuda pendiente desde 1975. Sin embargo, ésta que en ocasiones se reactiva, no afecta sólo a España y a Marruecos, en teoría el país al que se cedió la administración del Sáhara Occidental. En el conflicto se agitan otros intereses: los argelinos, los franceses (cuyos medios hasta silencian el conflicto), los de la Unión Europea, la ONU, incapaz de hacer cumplir sus propias resoluciones, y los EE.UU., que entienden Marruecos como un cortafuegos de la expansión radical islámica en el Magreb. Y las complicaciones no acaban aquí, porque aquella Marcha Verde, en un agónico franquismo, pretendía la asimilación –como de hecho se produjo– de una población en la que privaba ya un grupo armado, el Frente Polisario. Los treinta años transcurridos no han logrado alterar una situación que tiende a radicalizarse periódicamente. Marruecos ha llevado a cabo una política de hechos consumados repoblando la zona. España tampoco puede permitirse andar a la greña con su vecino del sur por múltiples razones. No sólo debe defender la españolidad de Ceuta y Melilla, sino también las inversiones que compañías privadas españolas han realizado, realizan y seguirán en ello en los próximos años. Y frenar la emigración a través del Estrecho. Se trata, pues, de colaborar en el milagro marroquí, bajo el imperio de un monarca que utiliza el poder absoluto en lo material y hasta en lo espiritual, pero que ha decidido permitir una tolerada democracia interna, muy medida; seudodemocracia, más libre, pese a todo, que la que se practica en otros países islámicos. Subsiste el Frente Polisario, dispuesto siempre, ya no a una guerra abierta, perdida de antemano con el nuevo país ocupante, sino a una resistencia que hubiera podido transformarse en guerrilla.
En 1980, fue Marruecos quien aceptó un referéndum en esta parte de desierto ocupado, pero hasta 1991 el Frente Polisario no firmó el alto el fuego a cambio de aquel referéndum no celebrado todavía, pese a estar avalado por la ONU. Los esfuerzos internacionales han sido siempre ignorados o diferidos por Marruecos, como el acuerdo de Houston de 1997 o los planes de Baker I (2001) y Baker II (2003). En la actualidad es Christopher Ross, enviado especial de las Naciones Unidas, el responsable de descubrir, por vía diplomática, la salida a una situación compleja, puesto que son ya los hijos de quienes viven la ocupación marroquí los que se han radicalizado y han resultado violentamente reprimidos hasta en el barrio saharahui de El Aaiún, separado y discriminado del marroquí. A cualquier periodista no marroquí se le ha impedido viajar a la zona, por lo que la naturaleza y resultados de la represión, los muertos de ambos bandos y el número de detenciones realizadas, la destrucción del campamento de Gdeim Izik, a unos quince kilómetros de la capital, que fue arrasado por fuerzas policiales y militares marroquíes y el vuelo rasante de sus helicópteros, con utilización de gases lacrimógenos. Algunas imágenes, sin embargo, han llegado a filtrarse, entre la tupida alfombra con la que el gobierno cubrió la acción. Tal vez tardemos en saber la crueldad de los hechos. Ello ha coincidido con el cambio ministerial en España, porque Trinidad Jiménez, de viaje por sus Américas, ya que ha de hacerse respetar en Venezuela, no puede tampoco restar indiferente sobre los hechos brutales que se han producido en El Aaiún, una violación de derechos humanos.
Las posibilidades, pues, de que el mediador Christopher Ross logre algún tipo de acuerdo entre las partes parece hoy inviable, aunque el Polisario (¿está ya desbordado por sus juventudes?) siga esforzándose por conseguir un acuerdo con el gobierno de Marruecos. Pero las deudas, aunque sean a muy largo plazo, no se extinguen si las partes no lo acuerdan de buen grado. Existe ya un muro material de 2500 kilómetros vigilado por 140.000 soldados marroquíes y un millón de minas, en un desierto en el que cualquier muro parecería de antemano inviable. Allí, en los campamentos de Tinduf, permanecen recluidos civiles bajo el control del Polisario. Pero tampoco deben olvidarse los intereses argelinos y una competencia que desune a los dos vecinos. España necesita mantener relaciones privilegiadas con Marruecos. A nadie conviene, ni a Argelia, de quien depende parte sustancial de nuestra energía gasística, que retornen acciones armadas, de difícil control en un desierto como el Sahara, cuyos habitantes, pobres, nómadas o no, conocen bien. Pero hemos aprendido que los conflictos en el Norte de África o en Oriente Medio pueden ser interminables. La impaciencia occidental no coincide con sus mentalidades. Las denuncias en la Prensa española durarán poco. Volverá a hablarse de los saharahuis al llegar el verano, cuando unas pocas familias acojan durante un mes a niños del campamento que tal vez nunca hayan visto el mar, ni disfrutado el agua. Marruecos les prometió cierta autonomía, aunque queda pendiente el problema del referéndum. Pocos creen ya que en esta zona del Sahara sea viable la existencia de un estado independiente. Los intereses occidentales son tozudos y la política internacional no se rige por la ética, sino por razones geoestratégicas o económicas. Pero España tiene una deuda y mala conciencia por tenerla, un mal sabor de boca.