Dos hoteles piden al Congreso 356000 euros por daño patrimonial

MADRID- ¿Recuerdan las obras de ampliación del aparcamiento del Congreso? Una polémica obra de coste más polémico aún –12,8 millones de euros–, que trajo de cabeza a políticos, funcionarios, periodistas y vecinos de la zona. El proyecto, fruto de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, fue aprobado por la Mesa de la Cámara Baja en julio de 2009 y hoy aún se habla de ello. No sólo porque gran parte de las nuevas plazas que se crearon bajo rasante estén sin utilizar o costaran un ojo de la cara cuando ya se aventaban las consecuencias de la crisis… El Hotel Villa Real, situado en la Plaza de las Cortes, y el Urban, en la Carrera de San Jerónimo, demandaron al Congreso por las incidencias de la colosal obra y le exigen 175.000 euros el primero 181.000 el segundo por daños patrimoniales. La reclamación, que suma más de 350.000 euros, fue presentada ante el Ministerio de Justicia en marzo y diciembre de 2011 y acaba de ser desestimada por los servicios jurídicos de la Cámara Baja al entender que es al Ayuntamiento de Madrid, responsable de la dirección de la obra, y no al Parlamento a quien debe reclamarse: «El Ayuntamiento de Madrid no ha cedido ni compartido el ejercicio de competencias municipales en relación con la ordenación urbanística, remodelación de espacios o reorganización de calles ni en materia de ordenación de tráfico y seguridad vial. El Congreso no tiene competencia alguna que pueda justificar la atribución de responsabilidad», reza en el informe del Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica que examinó el pasado martes el máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja.

El representante legal de sendos hoteles de lujo relata en su demanda las «gravísimas molestias tanto para los vecinos de la zona como para viandantes y conductores». No en vano, las vallas invadieron durante meses las aceras, del mismo modo que la maquinaria pesada que requería la obra se apiló sobre la calzada, haciendo el paso peatonal prácticamente inviable. Esto además del deterioro de la calidad ambiental que el demandante también subraya en su escrito («polvo en suspensión y nivel acústico insoportable»). Todas estas incidencias afectaron directamente a la vida comercial de la zona, «ya que el conjunto de dificultades para acceder a la misma a pie, en coche o en transporte público hicieron que los ciudadanos la evitaran y optasen por otras alternativas, con el consiguiente perjuicio comercial a los establecimientos hoteleros», según consta en el escrito al que ha tenido acceso este diario.

Durante los meses que duraron las obras se redujo considerablemente la oferta de plazas de aparcamiento en superficie, se practicaron cortes de calles, se alteró la circulación del vehículos y sobre todo de personas, lo que los reclamantes creen que disuadió a clientes nuevos y asiduos a alojarse en sus establecimientos.

En resumen, que la pérdida de imagen, las dificultades de acceso peatonal o de vehículos, la pérdida de aparcamiento propio, el altísimo nivel de ruido, la contaminación del ambiente por materiales en suspensión, la difícil localización por ocultación, la suciedad y el deterioro del entorno causaron lo que los hoteles han calificado de perjuicio patrimonial y que ahora reclaman por lucro cesante (pérdida real y no hipotética de beneficios). El cálculo se ha hecho según un dictamen elaborado sobre las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil. El lucro cesante calculado es pues la diferencia entre el margen bruto del 2010 sin efecto crisis y el margen bruto del 2009. Pero, ni bruto ni neto, si alguien tiene que reparar el daño e indemnizar por el lucro cesante es el Ayuntamiento de Madrid, a juicio del Congreso, que no entra en su escrito a valorar la veracidad del perjuicio ocasionado.

El congreso obligará esta semana a los partidos a publicar sus cuentas
La reforma de Ley de Financiación de los Partidos Políticos que obligará a las formaciones a publicar sus cuentas, donaciones y deudas será aprobada el próximo jueves en el Pleno del Congreso con vistas a su aprobación definitiva por el Senado en julio y su inmediata entrada en vigor, informa EP. Se trata del proyecto de ley que fue aprobado en diciembre por el Gobierno para reducir un 20 por ciento la financiación pública de los partidos políticos y que, una vez en el Congreso, amplió el recorte a las subvenciones que reciben las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas. A lo largo de su debate en ponencia se ha aprovechado para cerrar con amplio acuerdo un conjunto de medidas para reforzar el control de las finanzas de los partidos y sus fundaciones, aplicándoles los mismos principios de la futura Ley de Transparencia, que a priori no les afectaría al ser entidades privadas. Una una vez que su actividad anual sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, las formaciones harán públicas sus cuentas en su página web con información sobre su balance económico.

Los inmuebles afectados
Hotel Urban
181.000 euros
Las obras de ampliación del aparcamiento del Congreso han supuesto que en el hotel, situado en el centro de Madrid, se notara la reducción de clientes debido a las dificultades de acceso peatonal o de vehículos, la contaminación y el ruido.
Hotel Villa Real
175.000 euros
El Hotel Villa Real, en la Plaza de la Cortes, también ha notado notables pérdidas en sus ingresos y, al igual que el Urban, demanda al Congreso de los Diputados por perjuicio patrimonial y pérdida real de beneficios.