La DGT reconoce que los detectores de radares están en un «limbo jurídico»

El subdirector adjunto de Normativa y Recursos de la Dirección General de Tráfico (DGT), Javier Villalba, ha reconocido hoy que los detectores de radares se encuentran en "un limbo jurídico"y que la nueva Ley de Tráfico, que entró en vigor el pasado 25 de mayo, no prohíbe su uso.Así lo ha dicho Villalba en una jornada sobre esta ley organizada por la Fundación José Pons y la Fundación CEA, en la que también ha explicado que estos aparatos son capaces de detectar la presencia de un control de velocidad pero que, a diferencia de los inhibidores -cuyo uso está considerado una falta muy grave y se sanciona con 6.000 euros de multa-, no emiten señales que anulen su eficacia.Estas declaraciones contradicen las palabras del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que unos días antes de la entrada en vigor de la nueva ley aseguró que los detectores eran "ilegales"y que, al igual que los inhibidores, iban a ser perseguidos.A la jornada también ha acudido el director general del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), Rafael Fernández-Chillón Martínez, que se ha mostrado muy crítico con la reforma porque, entre otras cosas, ha destacado que los descuentos del 50 por ciento en las multas por pronto pago son "una manera de comprar"a los conductores para que no recurran las sanciones.Asimismo, Fernández-Chillón ha señalado que la medida del pago exprés esconde un "recorte"de los derechos y garantías de los ciudadanos, que si quieren disfrutar del descuento deben renunciar a la opción de recurrir la sanción, y ha bromeado acerca de la posibilidad de pagar las multas directamente a los guardias civiles, a los que ha comparado con "cajeras de supermercado".Por su parte, el profesor de Derecho Administrativo y vicedecano de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Cano, se ha mostrado favorable a la reforma y ha dicho que la nueva Ley de Tráfico no vulnera los derechos recogidos en la Constitución, aunque ha reconocido que en el texto hay cuestiones "confusas".En este sentido, el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid José Yusti ha denunciado que la nueva ley es "indefinida"y que en la información referente a la conducción negligente y a la temeraria se debería "haber matizado más"para que los jueces pudieran seguir unas "pautas"y no actuar según su propio criterio.