OPINIÓN: Imparcialidad y pluralismo

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados acordó ayer suspender la votación de la Resolución de la Subcomisión, aprobada anteriormente de forma unánime por todos los partidos, que pretende ampliar a las empresas privadas de televisión comercial la normativa electoral que, hasta ahora, obliga exclusivamente a los entes públicos de radiotelevisión.
La suspensión, justificada con el fin de realizar correcciones técnicas a la redacción inicial, se produjo inmediatamente después de la reacción fuerte, extensa, unánime, e inmediata de empresas del sector, periodistas, intelectuales...
No es ésta la primera incursión de Sus Señorías en este campo.

En la tramitación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, recién aprobada, se rechazó la petición de las televisiones privadas de poder vender a los partidos políticos espacios de propaganda electoral, al igual que hacen el resto de medios de comunicación comercial.

Desde algunos años, las televisiones no pueden operar autónomamente en los palacios de la política, y deben utilizar imágenes y repertorio producidos directamente por las instituciones.
Esta costumbre de la información «precocida» se ha extendido cada vez más en los partidos, que con frecuencia progresiva imponen su control directo de la producción audiovisual de sus mítines y otros actos partidistas, hasta el límite surrealista de suministrar a los medios vídeos que simulan ruedas de prensa inexistentes, obviamente sin preguntas incómodas.
Toca ahora asistir a esta pretensión de reeditar el Nodo, con la insignificante diferencia de que, en lugar de difundir la propaganda de una dictadura totalitaria, lo que se pretende imponer es el control ex ante de la información política. Pasaríamos de una verdad absoluta de un solo color, a un arco iris no menos dogmático y propagandista.

La pretensión de someter a las televisiones privadas a las mismas obligaciones impuestas a las televisiones públicas en esta materia supone:
En primer lugar, cerrar los ojos ante las enormes diferencias entre estos dos tipos de televisión: (i) uno privado, público el otro; (ii) unas, las privadas, empresas a la búsqueda del beneficio económico para sus accionistas; las otras, entidades públicas en teoría dedicados a prestar un servicio público a los ciudadanos; (iii) las privadas, financiadas con el capital aportado por sus propios accionistas; las públicas sostenidas, en muy buena medida, con el dinero de los contribuyentes;

En segundo lugar, las reglas que ahora se pretenden aplicar también a las televisiones privadas, ya se han demostrado ineficaces en las públicas. ¿Cómo se puede pretender que la imparcialidad quede garantizada por el mero hecho de medir el tiempo dedicado a unos u otros? Como si lo que se diga en ese tiempo no tuviese ninguna importancia; como si treinta segundos de adulación y hagiografía prestados a uno pudiesen compensarse con treinta segundos de improperios e insultos vertidos a cargo del otro. ¿O se pretende que las televisiones emitan no ya información, elaborada por sus periodistas en ejercicio y expresión de su libertad de información y opinión, sino propaganda pura y dura, producida por los gabinetes de prensa de los partidos políticos y esparcida sin ningún filtro crítico por parte de televisiones ciegas y mudas? Y además, ¿En proporción a qué? ¿Al resultado de las últimas elecciones o de las encuestas de intención de voto? Y los nuevos partidos que no estaban presentes en esa convocatoria, ¿cómo verían garantizada su presencia? ¿O la idea es que no estén presentes? ¿La normativa se aplica solamente a los telediarios o también a otros programas de contenidos informativos? Y, ¿podrían los políticos participar en programas de entretenimiento, o su presencia estaría vetada en período de campaña electoral?

Tercer orden de cuestiones: ¿por qué regular sólo la televisión y no, por ejemplo, la prensa? ¿En función de qué criterio se discrimina? Se ha alegado como tal la ocupación del espectro radioeléctrico. Pero, en este caso la extensión de la obligación al sector privado tendría que afectar también a la televisión por cable, por satélite, a la radio y a las páginas web, a internet en general. ¿O es, como se ha dicho, porque las televisiones somos titulares de una concesión pública? Sobre esto, debe aclararse que la nueva Ley Audiovisual ha eliminado tal condición. Además, en este caso, la nueva normativa tendría que afectar también la radio, y a toda forma de publicidad exterior, metro y autobuses incluidos, ampliamente utilizada por todos los partidos durante las campañas electorales.

Se intenta explicar y justificar todo esto con la exigencia, primaria en democracia, de defender la imparcialidad y el pluralismo en la información vehiculada por la televisión, el medio más potente y eficaz en cuanto a formación de la pública opinión.

La política sigue sin entender los enormes cambios que se han producido en muy poco tiempo, en unos pocos años. Los políticos siguen pensando que lo más importante es ocupar espacio mediático, tal vez sin darse cuenta de que nada ya es como antes en el mundo digital.
¿Cómo entender que se siga reclamando a las televisiones, a cada una de ellas, imparcialidad y pluralismo al mismo tiempo, siendo del todo evidente que las dos cosas son la antinomia una de la otra? ¿Qué es la imparcialidad sino la ausencia de parcialidades? ¿Qué es el pluralismo si no la suma de parcialidades? ¿Cómo pueden coexistir en el mismo instante, simultáneamente, en la misma emisión?

Precisamente por eso mantenemos un sistema mixto, donde la componente pública tiene que garantizar la imparcialidad, y el sistema televisivo, EN SU CONJUNTO, tiene que garantizar el pluralismo. Las dos, obviamente con pleno respeto de la Constitución y las leyes vigentes.
Para ello es imprescindible exigir a las televisiones públicas el cumplimiento efectivo y progresivo de su misión de servicio público, que tiene como primera y principal obligación ser garante de la imparcialidad. Y, al mismo tiempo, asegurar la máxima libertad de expresión a las televisiones privadas, sea cual sea su orientación editorial. Porque el conjunto de ellas son el sustrato del pluralismo.
Todo lo contrario de lo que está ocurriendo.