LA RAZÓN emprendió desde hace meses una campaña en favor de la desaparición de los anuncios de prostitución en la Prensa. Lo ha hecho en defensa de la dignidad de la mujer y con ánimo de denunciar una realidad humillante que no tiene más sustento que el interés económico para aquellas empresas que se obstinan en preservar un filón crematístico por encima de otros valores y principios.

Hemos defendido en este tiempo que la vertiente comercial, por mucha crisis económica que afecte al país y a las compañías, no puede ser excusa para cerrar los ojos y taparse la nariz ante unos hechos flagrantes que, en el mejor de los casos, son actividades denigrantes para las mujeres, y, en el peor, negocios delictivos, explotados por mafias, en los que en demasiadas ocasiones las niñas son las víctimas. Hablamos de 300.000 mujeres en poder de esas redes y de 4.000 burdeles en manos de esas bandas, con un volumen de negocio de 18.000 millones de euros al año.

En estas semanas, LA RAZÓN ha publicado casi a diario las posiciones de un buen número de políticos a favor o en contra de la erradicación de los anuncios. Hay que dejar constancia de que una mayoría compartía plenamente el objetivo de la campaña del periódico. El último en sumarse a nuestras tesis fue ayer el presidente del Gobierno. Rodríguez Zapatero aprovechó el Debate sobre el Estado de la Nación para afirmar de forma tajante que «los anuncios de publicidad de la prostitución deben eliminarse», porque «mientras sigan existiendo se estará contribuyendo a la normalización de esta actividad».

El presidente recordó además que el Gobierno estudia ya diversas fórmulas legales para impedir que aparezcan en los medios de comunicación. Sin duda, es todo un espaldarazo político que agradecemos y del que nos felicitamos, porque responde plenamente al criterio de la mayoría de la sociedad española y porque dignificar los derechos humanos es una cualidad de cualquier democracia que se precie de serlo. Hemos criticado duramente la gestión política del Gobierno y discrepamos abiertamente de buena parte de sus iniciativas, pero con la misma responsabilidad elogiamos la posición y el coraje de Zapatero en un asunto con no pocas aristas para los políticos, pues afecta a importantes grupos de comunicación del país. Entendemos que sería muy positivo que otros dirigentes importantes del país rompieran su silencio y se sumaran a una causa noble que cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Tras la toma de posición del presidente, sólo nos cabe urgir al Gobierno para que las palabras se conviertan lo más rápido posible en hechos. La autoridad y la razón moral están de parte de aquellos que ponen como única prioridad la dignidad de la persona y no de esos otros, especialmente cabeceras que supuestamente defienden principios humanistas, que se erigen en paladines de los derechos de la mujer en la página editorial y unas pocas más atrás dan cabida a decenas de anuncios cuya sola redacción es un compendio de humillaciones. Estamos ante un deber ineludible y un compromiso colectivo.