«Si quieren lío lo van a tener»

Pese a estas embestidas, la responsable de la seguridad y de las fuerzas del orden, Dolores Carrión, ha mirado siempre hacia otro lado. Ayer, lo que parecía el final de 80 días de acampada no era más que el principio. Cerca de las 19:00 horas la Policía, que se apostó en la Puerta del Sol y en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, comenzó a pedir la documentación a todos los que circulaban por la plaza y bloquearon los accesos. De la misma forma, por orden de la Delegación de Gobierno, se cerraron las estaciones de Sol de Metro y Cercanías e incluso varios helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona. Esta situación, que afectó a todos los ciudadanos por igual, produjo en ciertas ocasiones crispación y enfrentamientos. El gran despliegue policial fue la consecuencia del desalojo que se produjo por la mañana y la posterior advertencia del movimiento: «El protocolo de desalojo de Acampada Sol, vigente desde los primeros días en la plaza, indica que en caso de desalojo volveremos el mismo día a las 8 de la tarde». Horas más tarde del desalojo, el movimiento 15-M, fiel a su modus operandis, comunicó sus intenciones de regresar a su lugar de origen para protestar contra lo ocurrido por la mañana.

Los «indignados» fueron puntuales a su cita para «pasear» o «ir de compras» a las 20:00 horas y cientos de personas se desplazaron hacia Sol por las calles colindantes a la plaza: Montera, Preciados, Carretas o Del Carmen fueron las más afectadas de la zona. Tras una hora en las calles que rodean la plaza, los manifestantes se fueron a la Gran Vía para celebrar una asamblea multitudinaria en la plaza de Callao. La marea de gente cortó el tráfico de la emblemática vía madrileña. Más tarde, se dirigieron a Cibeles y seguidamente a Neptuno, donde protestaron ante el Congreso, como en las pasadas manifestaciones del 29 de junio y el 23 de julio. Los «indignados» ocuparon todo el ancho del Paseo del Prado para dirigirse a Atocha, donde dejaron atrapados a varios coches que querían pasar y sobre los cuales se sentaron para impedirlo, además de golpearlos. En total, unos 10 o 15 coches fueron rodeados por la marea humana, que copaba ambos carriles. Por último, concluyeron su marcha en Carretas, donde la manifestación se fue apagando. «Esto es lo que pasa por echarnos de la plaza. Así, así, así lucha Madrid», gritaban. Esta actuación fue la respuesta al desalojo de la mañana. A las 6:00 horas, un dispositivo de más de 300 agentes procedió a desalojar la Puerta del Sol y las inmediaciones del Paseo del Prado, donde convivían los acampados que llegaron a la capital el 23 de julio. Los agentes concedieron unos minutos para que los manifestantes recogieran sus pertenencias y después abandonaron la plaza por la Calle del Carmen. La operación, una decisión conjunta del Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid, se desarrolló con normalidad y sin ningún incidente, aunque hubo algún amago de enfrentamiento. En dos horas, el puesto de información permanente del movimiento 15-M fue desmantelado, así como los módulos que se levantaban a su alrededor, el de alimentación y la enfermería. Simultáneamente, agentes municipales hacían lo propio en el Paseo del Prado para desalojar al medio centenar de «indignados» que instalaron sus tiendas de campaña. En total 88 personas, 58 de las cuales estaban acampadas en la mediana situada a lo largo del paseo, según indicaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Cuando se marcharon los últimos «indignados», los operarios de la limpieza retiraron un total de 26.940 kilos de basura, 17.900 recogidos en la Puerta del Sol y 9.040 en el Paseo del Prado. En los trabajos participaron durante varias horas 74 operativos del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) y de los servicios de limpieza viaria y zonas verdes, con veintiocho vehículos, entre camiones, compactadores, un vehículo quitamanchas, baldeadoras y palas.

Delegación actúa 80 días después
Dos meses y medio ha tardado la Delegación de Gobierno de Madrid en tomar una decisión respecto a la acampada ilegal que se había asentado en Sol. Durante todo este tiempo, juristas y expertos han lamentado la ruptura del Estado de Derecho que toleraba comportamientos ilegales a un colectivo concreto. 80 días después del 15-M, la delegada de Gobierno, Dolores Carrión, dio la orden de desalojar.