OPINIÓN: Saqueo documental por Miguel BERNAD

Con motivo de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, donde se ha producido un vuelco electoral, un hecho escandaloso ha saltado como «notitia criminis» y ha causado un estado de alarma social. Nos referimos al saqueo y aniquilación de documentos públicos, tanto en su versión de papel impreso, como en soporte informático.
La pregunta que cabe efectuarse es la siguiente: ¿Por qué la destrucción de estos documentos públicos, que deben ser archivados y custodiados al menos durante 20 años?
La explicación no es otra que tapar, ocultar o destruir las pruebas que pueden evidenciar la comisión de varios delitos, como malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación o negociaciones prohibidas de funcionarios y autoridades.
Los nuevos gobiernos autonómicos o municipales pueden adoptar una de estas alternativas: No levantar las alfombras «y borrón y cuenta nueva» o levantar las mismas, mediante el mecanismo de auditorias internas y externas.
Cuando los gestores de la Administración Pública actúan con total transparencia y no de manera opaca, cuando los gestores de la Administración Pública actúan de acuerdo con el artículo 103 del Texto Constitucional y no tienen nada que ocultar, el traspaso de funciones y toda la base documental e informática debe permanecer intacta, sin mutilaciones y menos sin vaciarla y saquearla. Cuando los gestores de la Administración Pública actúan al margen de lo antedicho es cuando se produce el saqueo, la destrucción de pruebas que pudieran incriminarles.
Lo sucedido en la comunidad de Castilla–La Mancha supone un claro ejemplo de actuaciones ilegales e ilícitas y que pone de manifiesto el comportamiento de unos políticos sin escrúpulos que han hecho de la política su «modus vivendi» y su enriquecimiento.
Conductas tenebrosas o ilícitas deben ser denunciadas, precisamente con más rigor en estos casos dado que los denunciados representan al pueblo soberano y deben ser los máximos garantes de la legalidad vigente.
Cuando la alternancia en la gobernabilidad se produce en grandes intervalos de tiempo la corrupción anida y adquiere carta de naturaleza. Lo acontecido en Castilla–La Mancha, y en una multitud de ayuntamientos, de destrucción de documentos, puede suceder también en la Junta de Andalucía y en la Junta de Extremadura. En Andalucía el descaro es de tal calibre que incluso gobernando están mutilando y aniquilando expedientes administrativos (documentos públicos) y el ejemplo más relevante es el de los ERES, donde a la titular del juzgado número 6 de Sevilla, se la han ocultado y destruido expedientes referente a los ERES.
Es muy posible que para que no se produzcan situaciones como la de la furgoneta con bolsas de expedientes en la Junta de Castilla–La Mancha, se vayan destruyendo poco a poco expedientes comprometedores, con anterioridad suficiente a que en esta comunidad autónoma se produzcan cambios de gobierno.
En cualquier caso, podemos concluir que se precisa de una regeneración de la clase política, que actúe dentro del marco del más absoluto respeto a la legalidad vigente, con total transparencia para no ver espectáculos deleznables y bochornosos como el acontecido en la Junta de Castilla–La Mancha.
Los ciudadanos, que elegimos a aquellos que deben representarnos en las Instituciones, tienen el mínimo y máximo derecho a exigir decencia, sacrificio, honestidad, profesionalidad y máximo respeto a la ley.

Miguel Bernad
Secretario general del sindicato Manos Limpias