Hipótesis sobre la mesa por Miguel A Bernal Alonso

Seguimos a vueltas con el «rescate». Sigo pensando que estamos condenados a pedirlo, los números y las proyecciones de la economía continúan siendo tozudos en este aspecto. Partiendo por tanto, de que habrá «rescate», surge la pregunta: ¿blando o duro? La cuestión toma relevancia si tenemos en cuenta que España ha cumplido y llevado a cabo muchas de las exigencias impuestas, por lo que su petición puede que sea menos traumática que en casos precedentes.

Vamos con el proceso de ayuda: inmediatamente a la aprobación, el BCE, previa solicitud del Gobierno español, iniciaría una serie de compras de deuda a corto plazo durante dos meses, aproximadamente. Paralelamente se anunciaría el volumen total del rescate y su calendario. La temida troika iniciaría una completa vigilancia a las cuentas españolas, mucho más estricta que actualmente.

Serán las condiciones contenidas en el MoU, las exigencias de la triada (FMI, BCE y CE), las que nos darán el calificativo. La ayuda se vincularía principalmente al cumplimiento estricto del déficit público presente, 6,3%, y futuro, 4,5% en 2013. En la tesitura actual me alineo con el Banco de España: veo improbable el cumplimiento de estos límites, aun cuando la caída de los intereses que la deuda podría deparar –ante las compras del BCE– nos aproximaría a esos números.

Por otra parte, la atención se desplazaría a Italia, donde comenzaría el debate de si, ante los fuertes vencimientos de deuda que acumula en diciembre, no debe solicitar la ayuda. Punto importante, si el rescate a España fuese duro, después de los esfuerzos realizados ya por Monti, la opinión y la disposición a solicitarlo podría contar con una amplia resistencia.

Ante estas dos situaciones me inclino por un rescate que todas las partes se apresurarían a declarar blando. Pero bajo este adjetivo, blando, se esconderían aceleración de reformas y mayor esfuerzo en recortes. Por ejemplo, y referido sólo a pensiones, sería difícil la actualización este mes de noviembre de las pensiones por el desvío de la inflación sobre el 1%, siendo imposible para 2013. Se pediría una caída de los costes salariales, es decir, que se lleve a cabo la rebaja efectiva de lo que las empresas pagan a la Seguridad Social y se aceleraría el calendario de jubilación a los 67 años.

Miguel A. Bernal Alonso
Profesor del IEB