El PP solicita en su informe final deducir testimonio contra Antonio Fernández

SEVILLa- La acusación particular del PP pidió en la penúltima sesión del «caso Mercasevilla» que el magistrado Ángel Márquez deduzca testimonio de oficio contra los funcionarios de la Junta que intervinieron en la subvención de 900.000 euros otorgada a la Escuela de Hostelería de Mercasevilla y que sirvió como argumento para pedir las comisiones ilegales al Grupo La Raza. Así, entre las personas que deberían ser denunciadas por un presunto delito de prevaricación se encuentran el ex consejero de Empleo Antonio Fernández la jefa de sección y la ex directora de Formación para el Empleo.

Antes de iniciar sus informes finales, los defensores del ex delegado de la Junta Antonio Rivas, del ex gerente de Mecasevilla Fernando Mellet y de la funcionaria Regla Pereira pidieron que se elimine a sus clientes del objeto de veredicto por falta de pruebas, petición que no ha secundado el defensor del cuarto acusado, el ex director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce. El magistrado presidente del jurado lo rechazó alegando que «hay elementos probatorios suficientes para que el jurado valore» su presunta participación en la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros.

El juicio escuchó ayer los argumentos a favor de la absolución presentados por la defensa de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, quienes han asegurado que los empresarios denunciantes del cohecho participaban en un «negocio» en el que «no tenían ninguna intención de denunciar y sólo pretendían que, en vez de dos, les costase uno».
Carlos Galán, defensor de la funcionaria Regla Pereira, denunció el «interés político» que subyace tras el juicio, en el que el PP ha actuado «con deslealtad procesal y mala fe, desde el primer día y hasta los informes finales» con «artimañas y argucias para engañar al jurado».
José Manuel Carrión, abogado de Mellet, volvió a pedir la nulidad de la grabación hecha por los empresarios denunciantes, que se hizo «vulnerando la intimidad del despacho profesional» de su cliente, con una grabadora oculta y provocando la conversación incriminatoria.

En la conversación «no había mordida, comisión ni intención de trincar», como aseguró el fiscal, sino «una negociación para gestionar un negocio», dijo Carrión.
A su juicio, «no se debe satanizar ni sacar de contexto» la fase central de esa grabación, cuando los acusados dijeron que «la Junta colabora con quien colabora», porque era un hecho que debía existir esa colaboración y que, si no se abría la Escuela de Hostelería, los empresarios no tendrían más cursos.

Simón Fernández Rebollo, abogado de Ponce, pidió al jurado que no se deje influir por «presiones mediáticas» de que este es «el germen de la corrupción». «Sean justos, no sean justicieros y no busquen un culpable», pidió Fernández Rebollo, quien ha basado su defensa en que Ponce no tenía categoría de funcionario, y por lo tanto no puede ser condenado por cohecho, y que los empresarios «pretendían obtener un beneficio ilícito».