Qué preguntaría Guerrero a Chaves y Griñán en la comisión de los ERE

SEVILLa- La comisión parlamentaria que pretende dilucidar las responsabilidades políticas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de la Junta se reanudará el próximo día 20 con una decena de comparecientes, entre los que se encuentran el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, citados el martes 25. Los portavoces de los Grupos Parlamentarios de IULV-CA, PSOE y PP, tendrán que formular preguntas a los líderes socialistas en torno a un asunto cuya investigación judicial instruye en paralelo la juez Mercedes Alaya. Fuentes cercanas al ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el 9 de marzo por su imputación en la causa, apuntan algunos posibles interrogantes, al margen de su grado de conocimiento sobre la existencia del denominado «fondo de reptiles».

En relación a Chaves, quien ha asegurado no conocer ni «haber cruzado» palabra con el ex alto cargo del Gobierno andaluz, sus señorías podrían plantearle, aseguran estas fuentes, si «en alguna ocasión llamó a Guerrero para que lo acompañara como escudero en reuniones con el entonces Sindicato de Obreros del Campo (SOC)», actual Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), comandado por Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo. Petición que pudo haber provocado, incluso, «el enfado del entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera». Desde el SAT no niegan, pero tampoco confirman, estos encuentros. De lo que se muestran convencidos en este sindicato es de que «los presidentes de la Junta tienen pleno conocimiento de a quién se nombra en los altos puestos de una consejería tan importante como es Empleo». Cabe recordar que el ex director general pidió a los miembros de la comisión de investigación creada en el Parlamento regional que las cuestiones que los grupos tienen preparadas sean formuladas «a los gobiernos de la Junta» en los periodos en los que fue director general, «a los servicios jurídicos» del Ejecutivo autonómico, «a la Intervención General, a los representantes de los sindicatos y de las organizaciones empresariales y a los partidos» de la Cámara.

«Desde 1999 –llegá a afirmar–, año en el que entró como director general de Trabajo hasta abril de 2008 –cuando cesó–, todos y cada uno de ellos han tenido conocimiento de mi trabajo». Y añadió: «Muchos no imputados, pueden resolver sus dudas. Suerte con ello». En ese sentido, fuentes de su entorno aseguran a LA RAZÓN que con anterioridad, ya en la época en la que Guerrero era aún director de una oficina del INEM, «se reunía varias veces al año con un grupo de personas, entre las que alguna vez estuvieron destacados dirigentes socialistas, para compartir opiniones sobre la Sierra Norte de Sevilla». Encuentros «informales» que solían servir para «fijar políticas en esa zona», muy presente en la causa judicial.

Creen, asimismo, que sería conveniente también interrogar al actual presidente de la Junta sobre si tiene constancia de «otra llamada que habría realizado a Guerrero alguien que años después sería su ‘mano derecha' en el PSOE-A», sobre la urgencia de otorgar «unos dos millones en ayudas públicas a los propietarios de una empresa de jamones de Palma del Río (Córdoba)». 48 horas fue, supuestamente, el plazo marcado para hacerlo. Si bien, Griñán ha mantenido que «muchas de las cosas que ha dicho» el que fuera director general de Trabajo no tienen «consistencia».

El ex alto cargo del Ejecutivo autonómico permanece en prisión, al no haber podido reunir ni el seis por ciento de los 250.000 euros que se pide para su puesta en libertad bajo fianza. Situación que su abogado, Fernando de Pablo, confía en que varíe en breve. De hecho, el letrado criticó ayer la actitud «inmovilista» de la Fiscalía Anticorrupción que, de forma «ilógica», ha rechazado de nuevo la puesta en libertad sin fianza de su cliente. Sólo acepta su rebaja a 150.000 euros.