Márquez confirma que el dinero de los ERE se repartía con criterios «políticos»

SEVILLA- La primera jornada de declaración de Juan Márquez Contreras, sustituto de Francisco Javier Guerrero al frente de la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo, sirvió de nuevo para comprobar que los criterios políticos han prevalecido sobre los jurídicos en ese departamento durante la última década. Según aseguró ante la juez Mercedes Alaya, él es «un político» y, por tanto, no escudriñó durante su gestión los procedimientos administrativos que consideraba «legales» ya que su prioridad eran los temas económicos. Entiende que para eso estaban los funcionarios: «No he visto un interventor en mi vida», señaló.

Esa fue, según abogados presentes en la sala, su justificación tras conocer que la magistrada le responsabiliza de conceder 154.250.040,99 en ayudas de manera irregular entre 2008 y 2010, tiempo que estuvo en el cargo. La instructora le imputó la comisión de cuatro delitos: omisión del deber de perseguir delitos; malversación de caudales públicos; prevaricación omisiva y activa; y falsedad en documento oficial, todos de manera continuada.

Según Alaya, el papel de Márquez en la trama de los ERE consistió en tratar de tapar las irregularidades y desmanes cometidos durante la etapa de Guerrero. Un ejemplo: meses después de llegar al cargo, recibió el informe de la Agencia Tributaria que investigaba los 1,3 millones de euros concedidos a empresas sin actividad propiedad de Juan Francisco Trujillo, el chófer de Guerrero en prisión. No hizo nada. No es lo único que le reprochó la juez. Hasta dos informes jurídicos de Garrigues –encargado por él mismo– y Pricewaterhouse le confirmaron que el procedimiento seguido para repartir el dinero ideado en 2001 a través de un convenio con una empresa pública de Empleo era ilegal. Que en todo caso, además, expiró en 2004. Y que había empresas de Rafael Rosendo y José María Sayago que habían recibido cuantiosas subvenciones sin cobertura legal. Pese a ello, no inició procedimiento de reintegro y continuó amparándose en el convenio con el ente instrumental IFA –luego Agencia IDEA–. Por supuesto, no lo puso en conocimiento de la autoridad judicial. En menos de dos años repartió 114 ayudas sociolaborales y 17 subvenciones directas a empresas.

Márquez aseguró que no conocía el convenio de 2001 y dio a entender que ni se lo ha leído y que tardó casi un año en conocer el déficit administrativo existente en su departamento, hecho que trasladó al consejero Antonio Fernández –hoy en prisión– y al viceconsejero Agustín Barberá –que declarará el 27 de julio–.

La falta de control existente era tal que declaró que durante dos mudanzas internas en la Consejería de Empleo se destruyeron expedientes de ayudas concedidas. Fue en 2008 y 2009. Algunos se trasladaron a servicios centrales y otros directamente desaparecieron –Francisco Javier Guerrero aseguró que faltaba documentación en varios expedientes–. Señaló que desconoce el criterio de selección que se siguió para la elección de unos y otros, pero sí constató una evidencia ya apuntada por la Guardia Civil en sus informes: falta documentación, bien porque se destruyó al objeto de ocultar pruebas, bien porque no se ha custodiado de manera correcta.

En su escrito de imputación, la juez argumentó que su conducta supuso un uso abusivo de fondos públicos que ocasionó que se «regalaran» ayudas a personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE. Sólo su decisión de dar continuidad al ERE de Mercasevilla de 2007 generó un quebranto económico de 9 millones a la administración autonómica.

Alaya –¿preparando el terreno para próximas imputaciones?– le recordó que su comportamiento contraviene el artículo 133 del Estatuto de Autonomía que dice, entre otras cosas, que «la Administración de la Junta sirve con objetividad al interés general...». En este sentido, recordó que al igual que su predecesor priorizó las ayudas a la Sierra norte de Sevilla –Guerrero nació en El Pedroso e incluso fue alcalde de este municipio–, Márquez hizo lo propio con la provincia de Huelva, consagrando el principio de discrecionalidad en el reparto del presupuesto público, causa que sustenta la investigación del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. En total, otorgó 30 ayudas a su provincia. Se justificó diciendo que Huelva y Cádiz eran territorios preferentes de la Consejería.

El cúmulo de irregularidades queda reflejado en la concesión de ayudas a las empresas Surcolor y Calderinox a sabiendas de que se incluyeron a tres y dos intrusos respectivamente. En los pagos a FCC y Cespa – «jurídicamente inexplicable», señaló la juez– y 450.000 euros a la empresa Corvillette como parte de un dinero que tenía como beneficiario final otra empresa del mismo propietario, Aglomerados Morell. También vulneró la legislación europea utilizando como tomadores impropios de las subvenciones al sindicato CC OO y a asociaciones de trabajadores para que no figuraran como ayudas de estado a empresas. Igualmente siguió autorizando comisiones superiores al 15 por ciento a las mediadoras Vitalia y Uniter.

Según letrados consultados por este periódico, el desconocimiento argumentado por Márquez podría se una estrategia de su defensa para argumentar ausencia de dolo en sus acciones. Sin embargo, durante el interrogatorio cometió numerosas contradicciones.

Sobre las resoluciones que autorizaban los distintos pagos a prejubilados y empresas señaló que él se limitaba a firmarlas. En otro momento admitió que el ex consejero Fernández le pidió al nombrarlo que creara los convenios administrativos que faltaban en las subvenciones concedidas en la anterior etapa.

En el caso de los informes jurídicos encargados y que alertaban de la falta del procedimiento administrativo legal en las actuaciones de la Dirección General, Márquez se justificó diciendo que sólo consultaba los resúmenes que le preparaban.

Hoy continuará declarando ante Alaya. Luego será el turno de la Fiscalía Anticorrupción, de las acusaciones –Junta, PP, UGT y Manos Limpias– y de las defensas. Si da tiempo, tendrá lugar la vista de medidas cautelares y el posterior auto de la juez, que decidirá si lo envía a prisión o no.