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La Audiencia Nacional investiga la venta de armas a Marruecos

España se embolsó 29,5 millones de euros en 2009

  • Agentes antidisturbios marroquíes durante el desalojo del campamento saharaui el pasado 8 de noviembre
    Agentes antidisturbios marroquíes durante el desalojo del campamento saharaui el pasado 8 de noviembre

Tiempo de lectura 2 min.

15 de noviembre de 2010. 01:55h

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15/11/2010

MADRID- La  Audiencia Nacional solicitó la semana pasada al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio un expediente administrativo más completo sobre las actividades de exportación española de material de defensa a Marruecos. La solicitud se produce a instancias de una demanda presentada por la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara (IAJUWS), la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis  y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, quienes presentaron un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia al considerar que la venta de material bélico a Marruecos viola le Ley 53/2007, que impide la venta de material de defensa a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos. Una ley que vienen recordando los activistas prosaharauis desde que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos admitió que existía una violación de éstos por parte de Marruecos en el conflicto.
Según explica el abogado de IAJUWS, Luis Mangrane, España se embolsó 29,5 millones de euros en 2009 por la venta de material de defensa de doble uso al Reino de Marruecos, sobre todo vehículos y camiones militares, aeronaves de combate y municiones y suministros. Además, el Gobierno realizó en 2008 varias donaciones importantes de material de este tipo al mismo país.
El Ministerio ya presentó ante la Audiencia Nacional un expediente que los magistrados han admitido como incompleto. Asimismo, y según Mangrane, el abogado del Estado considera que este informe debe incluir los datos manejados por la  JIMDDU, una comisión dependiente del Ministerio mediante la cual se autoriza a las empresas privadas a exportar el material bélico, y cuyas deliberaciones sólo se hacen públicas parcial y periódicamente.
Las asociaciones demandantes esperan a que el Ministerio de Industria complete el expediente para formalizar la demanda, sin precedentes en nuestro país. «El tiempo terminará dándonos la razón, ya nos la está dando», expresó Mangrane a este diario.

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