Varapalo judicial al PSOE por querer frenar la amnistía fiscal

MADRID- Duro varapalo de la Audiencia Nacional al PSOE en su intento de paralizar la norma que regula la «amnistía fiscal», al considerar que ni siquiera está legitimado para interponer un recurso contencioso-administrativo contra las medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Los socialistas, que han sido condenados a pagar las costas del proceso, ya han anunciado que recurrirán la resolución judicial.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional destaca en el auto, donde inadmite de plano la pretensión del PSOE, que la vía utilizada no es la adecuada para que los partidos impugnen actuaciones o decisiones que sean contrarias a sus intereses o planteamientos. «Otorgarles esa legitimidad sería tanto como reconocer a dichos partidos una acción pública en defensa de la legalidad», convirtiendo a la postre la citada jurisdicción «en un foro de discusión política».

Los magistrados destacan al respecto cómo incluso el PSOE reconoce en uno de sus escritos que el fundamento de su pretensión no es otro «que la defensa de un planteamiento político, ideológico y jurídico» frente a una disposición que considera inconstitucional. De hecho, los socialistas justificaban su legitimación para recurrir tal norma en su «posicionamiento político y jurídico, contrario a la amnistía fiscal, reflejado en la vocación del Grupo Parlamentario Socialista en contra» y en la interposición por 105 de sus disputados de un recurso de inconstitucional contra la mencionada norma, así como en el «perjuicio que sufriría frente a su electorado si fracasan las medidas dirigidas a impedir la referida amnistía».

Sin embargo, la Sala recuerda al PSOE que el ordenamiento jurídico otorga a los partidos políticos diferentes cauces para defender sus posiciones ideológicas «frente a la actuación, legal o ilegal de los poderes públicos». Y, en concreto, señala de forma específica las iniciativas legislativas en sede parlamentaria, como la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, iniciativa que, precisamente, adoptó el PSOE.

Sin embargo, añade el auto, la circunstancia de que una actuación administrativa pueda ser contraria «a los planteamientos políticos sostenidos por un determinado partido, no es suficiente para justificar la legitimidad del referido partido ante la jurisdicción contenciosa-administrativa». Para ello, es necesario que tenga un derecho o interés social que esté en relación directa con el objeto del proceso, «más allá del beneficio/perjuicio resultante del rédito social consecuente al reconocimiento de su posicionamiento político».

El PSOE también regularizó
De esta forma, la Sala estima la pretensión de la Abogacía del Estado, quien en su escrito recuerda que el PSOE, a lo largo de la historia, «también ha aprobado regularizaciones fiscales cuando lo ha considerado conveniente».

Junto a ello, incidía en que reconocerle legitimidad para impugnar cualquier norma relacionada con ingresos o gastos, abriría la puerta «a una acción popular ajena a nuestra legislación procesal» y se trasladaría a la sede judicial «la labor de oposición política, paralizando incluso la acción del Gobierno», pues introduciría la incertidumbre sobre la aplicabilidad.