Aptos para juzgar y gobernar

Cuando de universitario estudié la Ley Fundamental de Bonn, de 1949, me sorprendió que previese la reunificación alemana. Aquello parecía ilusorio. Pero el Muro cayó y esa reunificación soñada es realidad. Algo semejante me ha sucedido desde que en 1985 se traicionó el modelo constitucional de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, de ser elegido por jueces, pasó a serlo por los partidos políticos. Lo que durante décadas parecía imposible, de repente, volverá a ser realidad tras el anuncio de recuperar el sistema genuinamente constitucional: los jueces elegiremos directamente a los vocales judiciales del –supongo– próximo Consejo.

Siempre he sostenido que ese modelo genuinamente constitucional se eliminó para controlar la Justicia desde la cabeza, para que quedase bien claro que poder político equivale a poder total. Por eso hacía tiempo que me había despedido de la vuelta al modelo originario; al fin y al cabo –pensaba– a todo partido le acaba atrayendo la posibilidad de controlar el gobierno de la Justicia.

Pero las cosas han ido cambiando. El Tribunal Constitucional anulaba del Estatuto de Cataluña la creación de Consejos judiciales, clónicos del Consejo General del Poder Judicial; se evitaba así un mal irreversible: multiplicar por diecisiete, luego consolidar, el modelo de Consejo General elegido por los partidos. Se despejaba el camino y llega así una promesa electoral rutinariamente incumplida que finalmente va a hacerse realidad.

Ya sabemos a qué desastre ha conducido el sistema de elección por los partidos y que los jueces volvamos a elegir a la mayoría del Consejo no es ciertamente «la» solución para la Justicia española, pero enmienda un camino de veintisiete años que ha desacreditado a la Justicia ante los ciudadanos, con unos daños gravísimos. Volvemos a los orígenes, a un sistema que fue derogado sin que evolucionase, sin que pudiese evaluarse, corregirse ni perfeccionarse a lo largo de estos años. En 1985 se cerró una puerta que abrirá ahora a una judicatura que nada tiene que ver con la de aquellos años.

En 1985 había en España apenas mil ochocientos jueces, ahora cinco mil; entonces un magistrado de cuarenta y tantos años era una joven promesa, ahora un veterano; entonces las mujeres eran minoría, ahora una mayoría cada vez más abrumadora; entonces había una sola asociación, ahora cuatro; entonces el juez español era silente, ahora hace huelga; entonces había anquilosamiento y vetustez, ahora hay una Judicatura moderna; entonces el juez era anónimo, ahora los hay estrellas; entonces estaba aislado, ahora internet permite una comunicación total y directa.

Gracias a esa comunicación muchos jueces están en permanente asamblea en la red. Han aparecido nuevos líderes, algunos sensatos pero otros, con la independencia por bandera, mal entendida y peor digerida, muestran un radicalismo que desdice de lo que se espera de un juez: prudencia y sensatez. Décadas sin responsabilidad de gobierno y reclutas masivas quizás hayan propiciado esas actitudes; por eso no he dejado de pensar que con tales planteamientos no pocos políticos se lo pensarían antes de devolvernos la responsabilidad de gobierno. Pero me equivoqué.

Es el momento de demostrar que si somos aptos para juzgar, lo somos para gobernar un poder del Estado. Un fracaso sería imperdonable y fracasaríamos si confundiésemos el Consejo con un colegio profesional, si ese futuro Consejo no devolviese el ánimo y el orgullo de ser juez, que merece la pena serlo, que el mérito y la capacidad van a ser la clave o si olvidásemos que gobernar implica saber decir que no, que es moverse en el terreno de lo posible y en el caso de la Justicia, desde el consenso. Fracasaríamos si no demostrásemos que somos los más capaces de hacer una Justicia eficaz y respetable. Y si fracasamos, ya no será culpa de los políticos, ni podremos desdeñar a un Consejo elegido por nosotros.

Peligros al margen, tras lo vivido en estos años, está todo por ganar y por reconstruir. Falta aún la letra no tan pequeña de esta reforma pues no sabemos ni el calendario ni cual será el sistema electoral, si habrá cambios en las competencias del Consejo o mecanismos de exigencias responsabilidad. Mucho va a dar de qué hablar esta reforma. Continuará.