El déficit oculto del PSOE obliga a un ajuste extraordinario

En román paladino lo que ayer denunció el Gobierno de Rajoy es que de la etapa anterior ha recibido una herencia de 20.000 millones de euros de gasto no reconocido. Que sumados a los 16.500 millones que ya habría que haber ajustado de cumplirse la previsión del déficit del 6%, como garantizaba que así era el Ejecutivo socialista, eleva el alcance del recorte en el gasto público para 2012 hasta los 36.500 millones de euros. Una cifra que suena inabarcable y que ayer justificó que el Consejo de Ministros aprobase unas «decisiones extraordinarias para una situación extraordinaria», según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Esas decisiones extraordinarias cuelgan de una primera poda en el gasto de todos los ministerios, que alcanza los 8.900 millones de euros y que afecta a inversiones, subvenciones –Rajoy cumple con su promesa de recortar en un 20% las que reciben partidos, sindicatos y empresarios– y distintas transferencias territoriales. La denuncia de que el Gobierno socialista no les informó sobre el alcance real del déficit tiene grueso calibre, aunque en Moncloa se cuidaron de templar las formas y hasta el contenido de la crítica, viniendo de donde venimos, es decir, de la solemnización hace tan sólo unas semanas de un traspaso de poderes «ejemplar», como así fue bendecido por el propio presidente del Gobierno. Pero que esto iba a ocurrir se veía venir por la extrapolación de los balances que han aparecido en comunidades y ayuntamientos desde las elecciones autonómicas y municipales y dado que casi todos los analistas apuntaban en esa dirección. En ese boquete, las comunidades se llevan la parte más grande del pastel, mientras que la Administración central es la que menos se desvía de su objetivo. Hasta febrero no habrá una cifra oficial del déficit de 2011.

Tal es la gravedad de la situación, que la Seguridad Social, según el ministro Cristóbal Montoro, «perderá el superávit» previsto y, por primera vez desde que dejara de financiar la sanidad, entrará en números rojos. La ministra de Empleo explicó que tienen calculado que para el primer trimestre no tendrán problema para pagar las pensiones con los flujos de tesorería de los distintos organismos, por lo que al menos para ese plazo está descartado utilizar el Fondo de Reserva.

Ante la pregunta de si el Gobierno saliente les había mentido en las cifras de déficit, Sáenz de Santamaría se limitó a aclarar que ellos habían hecho preguntas y que a algunas recibieron respuestas y a otras, no. «Hasta el debate de investidura no se nos dio información de este tipo ni tampoco documentación que permitiese concluir que iba a haber este desfase presupuestario», argumentó para justificar que en su discurso de investidura Rajoy no anticipase decisiones ratificadas ayer como la de la subida de impuestos «temporal y progresiva» a las rentas del trabajo, del capital y del IBI.

Formalizada la denuncia de la desviación del objetivo de déficit, en la que el Gobierno cobijó el alcance de las decisiones aprobadas, la estrategia pasa por centrar el discurso en el presente y en el futuro, y no en pedir responsabilidades al pasado. «El desfase presupuestario está ahí con independencia de su origen. Hay un nuevo Gobierno que tiene que tomar unas medidas y que va a ser justo y equitativo. Vamos a decir la verdad, y estamos en un momento difícil. Pero con estas medidas y con las reformas estructurales volveremos a crecer y a generar empleo, y cumpliremos con el objetivo de déficit», sentenció la vicepresidenta.

Entre esas primeras medidas hay algunas impopulares como la congelación del salario de los funcionarios, el incremento de su jornada laboral a las 37,5 horas, la eliminación de la renta de emancipación, la moratoria en un año para aceptar nuevas categorías de dependientes o la subida selectiva de impuestos durante dos años, después de que Rajoy convirtiese en una de sus banderas electorales su negativa a incrementarlos. La explicación es que ante una situación no prevista urgen medidas también no previstas, pero basadas en los «principios de justicia y equidad».

En un gesto ejemplarizante, el Consejo de Ministros ratificó una reducción en los segundos escalones de su estructura administrativa que alcanza el 20%. Este recorte tendrá su continuidad en empresas públicas, fundaciones y demás organismos autónomos. Su lema de que «salvaguardará a los más débiles» lo llenó con la actualización de las pensiones, la prórroga a partir de febrero de los 400 euros a parados que agotaron su prestación, la excepción que permite que haya un 10% de reposición en plazas de docentes y en hospitales y centros de salud o nuevos fondos para la asistencia domiciliaria.

«LA RAZÓN» adelantó los datos
Las cifras ofrecidas y las medidas aprobadas ayer por el Gobierno confirman lo que ya adelantó LA RAZÓN en sus portadas del pasado miércoles («El Gobierno prevé que el déficit se dispare entre 1,5 y 2 puntos») y de un día antes, el 27 de diciembre («Rajoy recortará en subvenciones, inversión y gasto corriente»).