Una vergüenza

Hasta los dirigentes de «Bildu» reconocen que la sentencia del Tribunal Constitucional tiene «una lectura y una decisión políticas». Seis magistrados nombrados por el PSOE han sido los responsables de abrir la ventana a la ETA y reverenciar su entrada en las instituciones democráticas. Dos de ellos tendrían que haber abandonado el Tribunal Constitucional hace seis meses. Esperanza Aguirre, por sus aciertos tan aborrecida, ha resumido en pocas palabras el balance del Gobierno socialista: «Una España arruinada, una España dividida y la ETA en las instituciones». Un proceso largo y perfectamente medido por quien nada le importa la descomposición de España. Ése, el que no es capaz de llenar los aforos de los mítines electorales. ETA percibirá legalmente, a partir del 22 de mayo, centenares de millones de euros provenientes de las arcas municipales. Enhorabuena a los seis magistrados nombrados por el PSOE que han obedecido a los que procuran los piensos y las prebendas. El trabajo de quince años para terminar con las finanzas del terrorismo, tirado por la borda. Me pregunto. ¿Qué trampa semántica es ésa del progresismo? Mi periódico, LA RAZÓN, también ha caído en ella. «Mayoría de magistrados progresistas en el Tribunal Constitucional». La respuesta es clara. «Progresista: el que favorece al terrorismo». Al menos en el vergonzoso caso que nos ocupa y preocupa.

Los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden tener apellidos. Ni «progresistas», ni «conservantes». Están ahí nombrados a dedo por los partidos políticos. Dos de ellos –de los «progresistas» designados por el PSOE– son nacionalistas e independentistas. Curiosa pertenencia al Tribunal que debe velar por el cumplimiento de la Constitución. «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, Patria común e indivisible de todos los españoles». Eso dice la Constitución. Dos magistrados «progresistas» nombrados por el PSOE anhelan disolver lo indisoluble y dividir lo indivisible. Que me aten esa mosca por el rabo.

No ha habido sorpresa. Se sabía que el reingreso de la ETA en la política se admitiría en última instancia, es decir, fuera ya de las responsabilidades del Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo se cierra el ámbito de las Leyes y en el Tribunal Constitucional se abre el espacio de la política chamarilera. El PSOE se había comprometido con los nacionalistas vascos a permitir que «Bildu» –es decir, una buena parte de la ETA– volviera a las instituciones. Y seis magistrados políticos y obedientes han cumplido con su labor de subalternos del Gobierno. Sus nombres pasarán a la Historia por la puerta pequeña. Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Luis Ignacio Ortega, Pablo Pérez Tremps y Adela Asúa Batarrita. Para que no los olviden, se los relaciono al revés. Adela Asúa Batarrita, Pablo Pérez Tremps, Luis Ignacio Ortega, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala. No olviden sus nombres. Cuando la ETA, de nuevo poderosa económicamente y de nuevo traidora de sus pactos y zalemas, vuelva a asesinar, a alguno de los magistrados que llevan esos nombres se les caerá la cara de vergüenza. Pero ya no habrá posibilidad de retorno. Los «progresistas». Los designados por el PSOE. Los obedientes a Zapatero. Sigan el ejemplo de García Pelayo. Cumplida la sumisión, dimitan y a casa.