La Junta copia la estrategia de defensa de los ERE y se enroca en que «no hay caso»

Sevilla- El Gobierno andaluz no sólo sigue enrocado en la máxima de que «no hay caso invercaria» –a pesar de que se está instruyendo en un juzgado de Sevilla– sino que el PP se ha «pasado tres pueblos» en sus denuncias sobre el asunto. En estos términos se pronunció ayer el consejero de Economía, Empleo e Innovación, Antonio Ávila, que compareció en el Parlamento a petición propia, después de que el PP le haya pedido explicaciones en inmumerables ocasiones y de que el escándalo saltara en el mes de febrero. No hay caso para la Junta porque las inversiones de la sociedad de capital riesgo, según la argumentación del Ejecutivo, estaban sujetas a «criterios de viabilidad científico-tecnológica», de forma voluntaria sometió a auditoría las cuentas y todos los fondos estaban supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El fracaso de algunos proyectos se debió por tanto a que el mercado no es infalible.

Con esta teoría la Junta orilla el duro informe de la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio 2009, que detectó falta de publicidad y de procedimiento en proyectos de inversión. Las grabaciones de un antiguo trabajador en las que se pone claramente de relieve que una ex presidenta le obligaba a rehacer expedientes. Orilla también los indicios de ilegalidad detectados por la Fiscalía Superior del TSJA y la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir la imputación por malversación de cinco personas, entre ellas un ex presidente, Tomás Pérez Sauquillo, que gastó 25.000 euros con una Visa sin justificar. La infabilidad del mercado quedó patente en casos como el de la empresa EDM, que recibió 4,7 millones de euros en préstamos y ayudas de Invercaria y del «fondo de reptiles» de los ERE y quebró a los siete meses de recibir los fondos. El consejero Ávila acusó al parlamentario del PP Rafael Carmona de querer «mimetizar» la gestión de Invercaria y de los ERE, «lapidando la honorabilidad» de algunas personas de la empresa. Es la Junta, precisamente, que ha anunciado que se va a personar en el caso, la que ya sigue la misma estrategia de defensa que en la trama de los ERE fraudulentos.

El parlamentio del PSOE Manuel Jiménez Barrios deslizó que la auditora que firmó el informe, Amelia Martínez, no activó un protocolo extraordinario, que incluye traslado al consejero y al gabinete jurídico, al no detectar irregularidades y menoscabo de fondos públicos. Con la baza que juega el PSOE es que el PP propuso a Amelia Martínez como consejera de la Cámara de Cuentas el pasado mes de diciembre.

La estrategia es similar a la de los ERE. En este caso, la Junta se ha parapetado en que la Intervención General no abrió un informe de actuación al no detectar menoscabo de fondos y por eso no se encendieron en su día todas las alarmas. Éste ha acabado siendo el nudo central de la comisión de investigación de los ERE.

Ávila y el parlamentario de su partido hablaron de «trama de intriga política», «campaña orquestada por el PP», o uso de los informes de fiscalización para «destruir al enemigo político». Carmona recordó que se sacó a la sociedad del control financiero permanente y de la Intervención y dejó claro que sí hay otro fondo de reptiles –«más de 60 millones de euros sin control», apostilló–. La diputada de IU Rosalía Martín llamó a la prudencia, rehuyó pedir una investigación y declinó hablar en su segundo turno.