La Comisión abrirá un expediente a Francia y a otros Estados miembros

Este miércoles, la Comisión Europea se espera que abra un procedimiento de infracción a Francia por no haber transpuesto totalmente la directiva de Libertad de Movimiento, tal y como había prometido hace dos semanas su vicepresidenta, Viviane Reding, en un discurso que abrió un duro enfrentamiento entre París y Bruselas por las alusiones a la Segunda Guerra Mundial.

 Y Francia no estará sola, ya que el Ejecutivo comunitario también se prevé que inicie procedimientos de infracción contra «varios» Estados miembros, entre los que al parecer no se encuentra ni España ni Alemania, en la diana recientemente por la intención de expulsar a 8.000 gitanos a Kosovo. Según explican fuentes comunitarias a LA RAZÓN, Reding cuenta con la mayoría del colegio de comisarios para aprobar la apertura de estas causas, que podrían terminar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El comisario francés, Michel Barnier, también apoyará a Reding, ya que según las mismas fuentes ha cambiado su posición tras un encuentro con la luxemburguesa en París.

Bruselas ha concluido estos días el análisis legal de la expulsión de suelo francés de casi un millar de búlgaros y rumanos de etnia gitana. Aunque el Gobierno de Sarkozy siempre negó que se tratara de una medida discriminatoria contra un colectivo, una circular de las autoridades francesas desveló que se priorizó la expulsión de los gitanos, lo que desató la ira de Reding y su intención de llevar a este país ante los tribunales europeos por discriminación y por no trasponer la directiva completamente.

Tras la nueva información enviada por Francia, en la que el Ministerio del Interior insiste en que no tenía conocimiento de la circular y recuerda su sustitución por una nueva orden, la Comisión retirará el apunte discriminatorio, de mayor carga política, para centrarse en el fallo en la transposición. Reding conseguirá así la aprobación del resto del colegio con más facilidad, sin embargo se quedará «corta» para voces que dentro y fuera de Francia habían atacado la medida por ser discriminatoria.

Francia además ha conseguido su objetivo de europeizar la polémica, ya que la Comisión aprovechará también para tomar acciones contra otros de los Veintisiete que no han terminado por traducir la directiva en leyes nacionales. En diciembre de 2008, un estudio de sus servicios concluyó que ningún Estado miembro había aplicado la norma totalmente y se reservaba la posibilidad de lanzar causas «cuando sea necesario», paso que dará ahora cuatro años después de vencer la fecha límite dada para la transposición.

En un primer análisis legal, al que tuvo acceso este diario, la Comisión volvió a recordar la falta de las garantías durante las expulsiones en la legislación francesa, ya que «no se refiere explícitamente a la obligación de examinar todas las circunstancias (por ejemplo, la duración de la estancia, la edad o la salud)». Francia argumenta que no necesita blindar estas prácticas en una ley, algo de lo que discrepa Bruselas.