La inhibición de Pedreira abre un proceso judicial complejo

La inhibición del juez Antonio Pedreira sobre la presunta financiación irregular del partido Popular de la Comunitat Valenciana y la remisión del caso al Tribunal Superior de Justicia valenciano abre un proceso de gran complejidad e incertidumbre sobre quién será finalmente el que lo instruya y decida al existir otra causa abierta del «caso Gürtel», que investiga los regalos de unos trajes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps y otros tres imputados.

Una vía improbable, pero que está prevista en el procedimiento legal, es que los magistrados del TSJCV, al recibir el testigo del juez Pedreira, se declararan incompetentes y se planteara así un conflicto de competencias. En tal caso, el sumario iría al Tribunal Supremo, órgano que ratificó la inhibición de Pedreira contra la que había presentado recurso el PP.

El segundo supuesto se centra en que los cinco miembros de la sala del TSJCV se hacen cargo del asunto y designan a un instructor o lo acumula al caso de los trajes que lleva el juez José Flors, con lo que éste sería el instructor.

En caso que no se acumule, el instructor citará a declarar a las empresas referidas en el informe policial (Sedesa, Ortiz ...), a los aforados y no aforados, tras lo que decidirá a quiénes imputa.

Respecto al informe policial, cabe señalar que en él no se incluía el nombre de Francisco Camps como uno de los que debía ser llamado a declarar.

Finalmente, hay una posibilidad para que el caso volviera a enviarse al Tribunal Supremo. Ésta sería que, estén o no acumulados los casos de los trajes y de la financiación irregular, cualquiera de las partes que estén imputadas en Madrid o en Valencia, al haber un núcleo común podrían solicitar que se junten los sumarios de los dos tribunales autonómicos. Si se aceptara, todo se remitiría al Tribunal Supremo.

La decisión la tomará en fechas próximas la sala valenciana del TSJ que deberá decidir qué proceder sigue.


¿Quién instruye la causa Brugal?
 La fiscalía ha recurrido la decisión del juez de aceptar la personación en calidad de «interesado» en el caso Brugal del ex portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, al considerar que debería aplazarse hasta conocer qué juzgado continuará con la instrucción de las diligencias.El pasado 22 de septiembre, el titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, firmó una providencia por la que aceptaba la personación de Amorós como «interesado» y también de la asociación de vecinos de Torremendo, en este caso como «acusación particular».De esta manera, ambos tendrían acceso a las diligencias referidas al "Contrato de concesión de la obra pública del proyecto de gestión de residuos urbanos de la zona XVII de la Comunitat Valenciana", que hasta ahora ha desembocado en la imputación del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y varios empresarios, entre otros.