Interior cede al 15-M y carga contra la Policía

El resultado de la misma estaba escrito. La concentración desembocó en una batalla campal en las calles de Madrid entre los «indignados» y los antidisturbios, después de que los primeros se saltaran el cordón policial y que los agentes tuvieran que escoltar a los peregrinos atacados por los manifestantes en la Puerta del Sol, epicentro de las movilizaciones.

Tras la tormenta, Interior cedió ayer a los deseos del 15-M, que en los días posteriores clamó por que se sancionara a los policías, y abrió un expediente por «falta grave» a tres de los agentes que aquella noche cumplieron las órdenes. En concreto se trata de un subinspector y dos agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) –antidisturbios– a los que se les acusa de «extralimitarse en sus funciones», reguladas en el artículo 8X del Régimen Disciplinario del Cuerpo de Policía: «La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial cuando se produzcan de forma grave y manifiesta».

Los expedientes llegan después de que el departamento que dirige Antonio Camacho abriera una información reservada para investigar los vídeos que se colgaron en las redes sociales la noche de la manifestación.

En tiempo récord y tras visionar las imágenes, Interior citó –el martes– a los tres agentes para declarar en la Jefatura Superior de Policía y ordenó incoar los expedientes por falta grave; tarea que realizó ayer el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.

La apertura del expediente supone el inicio de un procedimiento que incluye la toma de declaración de los agentes investigados y la recopilación de pruebas que determinen la culpabilidad o inocencia. Tras ésto, el instructor designado formulará el correspondiente pliego de cargos. La sanción puede suponer desde cinco días a tres meses de suspensión de empleo y sueldo, que podrá ser recurrida. El proceso podría durar un mes y medio.

«Una decisión de cobardes»
«El Cuerpo ha aguantado lo que no está escrito: muchas horas laborales y una situación de estrés máxima». De esta forma, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, criticó la decisión de Camacho que «demuestra que los políticos nunca tienen la responsabilidad de nada» y que el culpable «siempre es el que está en la calle y hace lo que mandan ellos». Por estas circunstancias el sindicato policial anunció que denunciará a Rubalcaba, Camacho y a la delegada del Gobierno de Madrid, Dolores Carrión. «Nunca apoyaré un expediente a un agente por hacer su trabajo», reiteró Perdiguero. Por su parte, el vicesecretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, manifestó a Ep que el Ministerio tomó «una decisión de cobardes», asimismo anunció que los tres agentes expedientados tendrán a su disposición el gabinete jurídico del sindicado.

«Lo fácil es lo que ha hecho la Policía a instancias del Ministerio y del PSOE, que es quien ha iniciado esta caza de brujas», afirmó Nebrera, que calificó de «sorprendente» esta decisión «después de tres meses en los que se ha estado vulnerando la Ley de Reunión y Manifestación» en las calles de Madrid por parte del 15-M. El secretario general del SUP en Madrid, Felipe Brihuega, explicó que con esta medida «lo que hace Interior es acallar la presión mediática y buscar la salida más fácil». Brihuega añadió que «¿por qué no se les abre expediente a ellos –Rubalcaba, Camacho y Carrión–que son los principales responsables de que se llegue a esta situación».