Paso a una nueva Justicia

Madrid- No defraudó la primera comparecencia en el Congreso del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Dos ejes centraron su intervención. Por un lado, el «firme compromiso del Gobierno de acabar de una vez por todas con todos los males que aquejan a nuestra Justicia desde hace tiempo, atajarla de raíz para que sea un eficiente servicio en el que los ciudadanos puedan confiar», es decir, decisión a la hora de llevar a cabo el «contrato» que suscribió el Partido Popular con la ciudadanía en las pasadas elecciones. Y, por otro lado, mano tendida a los grupos de la oposición para consensuar las reformas «de alcance» que considera imprescindibles el Ejecutivo para que la «modernidad» entre de lleno en la Justicia y que ésta pueda ser un elemento más que útil que contribuya también a la recuperación económica.

Con puntualidad británica comenzó la intervención de Ruiz- Gallardón ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. No se anduvo por las ramas y desde el minuto uno, casi sin dar tiempo siquiera a que los portavoces tomasen asiento, comenzó a desgranar los seis proyectos legislativos que su Departamento pretende sacar adelante en esta nueva legislatura y otras tantas reformas legislativas parciales. Todo un programa de intenciones que, aseguró, no es más que cumplir con lo recogido en el compromiso electoral de su partido.

Por ello, ante las críticas de los representantes de PSOE, IU, PNV o Geroa Bai a algunas de esas propuestas como la elección directa por los jueces y magistrados de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial de extracción judicial, la introducción de la prisión perpetua revisable o el establecimiento de tasas para quienes acudan a una segunda instancia, excepto en la jurisdicción penal, el titular de Justicia no titubeó a la hora de responder: «Demuestra que no se han leído el programa electoral. Los programas electorales del PP están para cumplirlos y su sorpresa no hubiese sido tal, porque es un contrato para este Gobierno, para realizar aquello que tenemos comprometido».

Al margen de ello, reformas de calado como la relacionada con los vocales del CGPJ han sido una reivindicación permanente de todas las asociaciones judiciales–excepto Jueces para la Democracia–, de los jueces decanos o la Plataforma por la Despolitización y la Independencia Judicial, cuyo manifiesto fue suscrito por casi dos mil jueces y magistrados. La coincidencia en que la elección directa de los 12 vocales de extracción judicial por la propia Carrera es un factor decisivo para empezar a cambiar la imagen de politización que tiene la Justicia ha sido puesto de relieve en no pocas ocasiones.

La reforma de la Ley del Menor para que en los procesos donde estén acusados un menor de edad y otro mayor sean enjuiciados a la vez ha sido también una petición de colectivos sociales; al igual que la del aborto, donde más de un grupo parlamentario se opuso a la nueva ley.

La prisión perpetua revisable pasado un periodo mínimo de tiempo en la cárcel –que no se llegó a concretar– para casos «excepcionales» y de especial gravedad, también era otra reivindicación de víctimas de delitos. Una previsión que ya existe en otros países de la Unión Europea, como Francia, Italia o Grecia.

Los partidos de izquierdas del ámbito parlamentario ya adelantaron su rechazo a tales iniciativas. En esas propuestas de reforma no habrá consenso.

Sin embargo, ello no impedirá que el Partido Popular pueda sacar adelante sus reformas. Su mayoría absoluta –186 diputados– se lo permitirá. Y ello porque las que implican modificaciones de leyes orgánicas requerirán el aval de 176 diputados, mientras que a las que afecten a leyes ordinarias bastará con mayoría simple.

La contundencia en la exposición de Gallardón fue respaldada abiertamente por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que salió ayer en apoyo de las reformas anunciadas, las cuales, dijo, se van a llevar a cabo porque figuraban en el programa electoral que votó una parte «muy sustancial» de los españoles.

«Entrar como un elefante en una cacharrería»
La batería de reformas anunciadas por el ministro Gallardón no sentaron nada bien al PSOE. Su portavoz en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, arremetió contra el titular de Justicia por iniciar la legislatura como «un elefante en una cacharrería» y romper lo que consideró un consenso fundamental, como es la actual fórmula de elección de vocales del CGPJ y pretender «hurtar al Parlamento» una de sus competencias al favorecer una elección «gremiada» y «corporativa». También arremetió contra la decisión del Gobierno de tipificar como delito la «mala gestión» de los responsables públicos, medida que tildó de «populista».