SEVILLA- Mientras el PSOE-A y la Junta de Andalucía se esfuerzan en desmarcarse del presunto fraude en torno al Plan Bahía Competitiva, el PP-A mantiene todo lo contrario. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, aseguró ayer que la vinculación entre el PSOE y el «monumental fraude» es «evidente. Una vez más, la trama investigada se centra en torno a la concesión de subvenciones. En este caso, el denominado Plan Bahía Competitiva (2007-2011) que se ideó para regenerar la provincia gaditana, una de las más azotadas por el desempleo.
El PP-A va a insistir en este asunto. Ya ha registrado su solicitud de un pleno extraordinario en el Parlamento para proceder «cuanto antes, a la depuración de responsabilidades». Según Sanz, «por las detenciones que al parecer se produjeron la semana pasada, afectan al puro corazón del PSOE, al clan de Alcalá de los Gazules» y a la «familia Perales».
Era su reacción después de que la semana pasada trascendiera que la Policía había tomado declaración al ex gerente del Plan Bahía Competitiva, el socialista Antonio Perales –hermano del histórico dirigente fallecido Alfonso Perales–. Su sobrina Ofelia Perales –hija de Alfonso– también ha prestado declaración policial ya que trabajó en una de las empresas subvencionadas dentro del plan de reindustrialización de la bahía. Las ayudas se cobraron pero no se dedicaron a la creación de empleo. El principal empresario detenido, Alejandro Dávila Ouviña, está acusado de embolsarsemás de 20 millones de euros.
Para el secretario general del PP-A, «es conveniente llevar hasta el final la investigación de este asunto». Sanz puso como ejemplo que esas ayudas «supuestamente iban a salvar a los ex trabajadores de Delphi» y que hoy, finalmente, «están sometidas a una investigación judicial por fraude». El dirigente popular apuntó que este «fraude multimillonario» comenzó cuando en 2007 la Consejería de Economía de la Junta «prometió la llegada de ocho empresas a la Bahía y que pretendían la creación de 2.000 puestos de trabajo». «Meses después esta oferta, por cierto realizada en período electoral, se amplió a diez empresas y a la creación de 300 ó 400 nuevos empleos vinculados a esas ayudas». No se quedó ahí: en 2010 se habló de la creación «de 15 proyectos empresariales y 300 empleos más» en esta zona. Sin embargo, según Sanz, pese a que «todas las empresas han recibido ayudas, a día de hoy, solo se han instalado dos empresas –Gadir Solar y Alestis– y una de ellas, encima, ya ha tenido que hacer un ERTE».
 Este nuevo escándalo se suma al de los ERE, al fraude con las subvenciones a la contratación, de las ayudas europeas, o los talleres de formación.