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Mencionaba en mi último artículo cómo el dinero del contribuyente se dilapidaba con la excusa de la Memoria Histórica y cómo no llegaba a una tercera parte del total decidido por el Gobierno de ZP la suma que se dedicaba a la exhumación de cadáveres, a pesar de ser el gran argumento para la norma y sus gastos. Dicho lo anterior, debo indicar que tampoco las partidas relacionadas con exhumaciones son para quedarse tranquilo. De nuevo, cito algunos casos. Por ejemplo, a don Argelio Rabadán Mora –supongo que familiar de uno de los personajes enterrados– le van a dar 26.500 euros para la «exhumación e identificación de un guerrillero en el cementerio de La Pesquera (Cuenca)». No soy yo muy ducho en el arte de desenterrar, pero un tanto elevada me parece la suma para un solo cuerpo. A Antonio Otero Bueno, por ejemplo, se le entregan sólo 16.000 euros por «localización y exhumación de los restos de, presuntamente, dos jornaleros de la fosa 1-Bis de Alcañizo». Por otro lado, Antonio Ubieto Ausere –ignoro si familiar del historiador del mismo nombre que se dedicaba empero a tareas mucho más interesantes que las de arrancar cadáveres de la tierra– tan sólo va a recibir 54.000 euros por la «indagación, localización, exhumación e identificación de los fusilados el 24/10/36 en Murillo de Gállego (Zaragoza)». No puedo explicar por qué el cadáver zaragozano resulta más barato de exhumar e identificar –incluso mucho más– que el conquense, aunque los que son realmente económicos son los de Alcañizo, quizá por su calidad de «presuntos». Sin embargo, los datos resultan suficientemente elocuentes. La cifra sube más cuando a la exhumación se añaden otro tipo de actividades. Por ejemplo, la Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica en Málaga recibe 150.000 euros, pero es que va a llevar a cabo la «construcción del Parque de la Memoria en el cementerio de San Rafael (Málaga)». Dado que Málaga estuvo durante meses en manos del Frente Popular, que no escatimó los asesinatos, lo suyo es que esta asociación también los recordara, pero me malicio que no es así. En total, he podido contar trece proyectos de este tipo en el citado BOE del miércoles 2 de diciembre de 2009 que, de manera un tanto curiosa, entregan el dinero a particulares o a asociaciones de memoria histórica. Por razones que ignoro, los costes –ya lo he señalado– son absolutamente dispares y las razones quedan sumidas en las penumbras de la decisión ministerial. Ahora bien, lo que sí se confirma es la tesis que avanzaba en mi artículo anterior. No existen cien mil cadáveres –ni decenas de miles– por exhumar. Son, a lo sumo, algunas unidades y, desde luego, no parecen que justifiquen el gasto del que se benefician sindicatos, partidos políticos, fundaciones y grupetes asimilados. A decir verdad, todo hace pensar que la supuesta causa para la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica se extinguirá en apenas unos meses por la sencilla razón de que –a Dios gracias– no restará nadie a quien extraer de las entrañas de la tierra. Pero no se engañen ustedes. La finalidad del texto es simplemente desvalijar a los ciudadanos apelando a la mentira y cuando ya no queden cuerpos, la izquierda y los nacionalistas seguirán gritando «¡Más memoria!». Igualito, igualito que Groucho Marx cuando, para alimentar las calderas del tren en que viajaba, le arrancaba toda la madera con que estaba fabricado.