Rivas conocía las irregularidades de los ERE de Mercasevilla según Alaya

Sevilla- La juez del «caso Mercasevilla», Mercedes Alaya, ha rechazado el recurso del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas contra su imputación. La argumentación de la magistrada, de elevarse a conclusión final, puede salirle a la Junta por 9 millones de euros, el coste del ERE de 2007 del mercado central de abastos hispalense del que hasta ahora se ha desvinculado la Administración andaluza.

Rivas, en declaraciones a LA RAZÓN de Sevilla, aseguró que se siente «tranquilo» con el proceso al que está siendo sometido y que volverá a recurrir su imputación.

La juez, en un auto al que tuvo acceso este diario, considera como «un dato objetivo que se deduce de las actuaciones que el ERE de Mercasevilla de 2007 autorizado por Antonio Rivas (...) lo fue por las mismas causas organizativas que el ERE de 2003». «En este último, la causa alegada fue una sobredimensión de la plantilla y que el coste de personal ascendía al 64% de la cuenta de explotación de la sociedad, autorizándose por el recurrente en fecha 17 de noviembre de 2003 la extinción de 74 contratos de los 184 trabajadores fijos que componían la plantilla, siendo así que en 2005 cuando se insta el segundo ERE la situación volvía a ser muy similar, 175 trabajadores fijos con un gasto de explotación en materia de personal del 71%», sigue el auto.

«Indiciariamente» en dos años la empresa contrató «prácticamente el mismo número de trabajadores que en el primer ERE fueron despedidos, de forma que la sociedad volvía a tener sobredimensionada la plantilla». Para «Rivas no se apreció la existencia de la menor irregularidad», indica la magistrada, que añade: «Si la situación descrita podría considerarse grave al tratarse de una empresa municipalizada, aún más si tenemos en cuenta que la financiación del plan de prejubilaciones de ambos ERE sería asumida en su mayor parte por la Junta, extremo del que era conocedor el recurrente como delegado provincial de la Consejería de Empleo, derivándose la obligación de pago por parte de la Junta en concepto de prima de cerca de 5 millones por el primer ERE y en torno a 9 millones por el segundo». Esta tesis tira por tierra la negativa en la que se ha enrocado la Junta de hacerse cargo del coste de la regulación laboral en Mercasevilla, que lastra las cuentas de la entidad.

Alaya habla también de «otras irregularidades cuyo conocimiento por parte de Rivas, como autoridad laboral», hace que deba ser investigado. En 2003, «fueron cinco los trabajadores que se prejubilaron con 49 años cuando la edad mínima era 50»; en 2007, «autorizó la extinción de los contratos» de cuatro trabajadores que no pertenecían a Mercasevilla», sino a su fundación.

Alaya también ve «absolutamente necesario» investigar si Rivas conocía la inclusión del militante del PSOE de Jaén Antonio Garrido Santoyo en el ERE, ya que «el recurrente se manifiesta ajeno a todo lo relativo a las pólizas de prejubilación». «No parece ser así del examen de la documentación aportada», citando varios correos electrónicos del expediente de Calderinox, Fundiciones Caetano, Instaladora Moderna y Surcolor; y una carta del ex director gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet.
La magistrada exige que se investigue la inclusión en el expediente de 2007 del trabajador José Antonio Rivera Marín, «ya que la única documentación que se acompaña (...) pone de manifiesto que ingresó» en la empresa «días antes de la solicitud» del ERE. «También es un hecho que debe ser investigado habiendo sido Rivas alcalde de Camas desde 1991 a 2000 y desempeñado su cargo de delegado de Empleo» y siendo «beneficiarios de una póliza de prejubilación familiares por afinidad, concretamente en Surcolor José Antonio Márquez Sánchez y José Acevedo López en Intersur, los cuales nunca trabajaron en las mismas».

El «compromiso de la Junta», al descubierto
SEVILA-El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla y secretario general del PP sevillano, Juan Bueno, avisó ayer de que el auto de la juez Mercedes Alaya sobre el «caso Mercasevilla» pone de relieve que el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas Sánchez y, por tanto, la propia Junta de Andalucía «sabían del compromiso» supuestamente adoptado por la Administración autonómica para la financiación de los ERE promovidos en 2003 y 2007. «Esto les pone en entredicho de nuevo», señaló en cuanto a la posición del Gobierno andaluz, toda vez que la instrucción del caso «nos acerca cada vez más a la teoría de la trama que decía el Partido Popular y que afecta a determinados dirigentes socialistas». El no reconocimiento por parte de la Consejería de Empleo –dirigida por Manuel Recio– del Expediente de Regulación de Empleo de 2007 lastra las cuentas de la entidad de capital mixto, con un pasivo de 9 millones de euros del que se hace cargo Mercasevilla para sufragar las pólizas de los trabajadores prejubilados.