Ministerio de Justicia
Pumpido torció el brazo a Caamaño
Una enmienda del Grupo Socialista de modificación del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se establecía que las diligencias de investigación y los escritos del Ministerio Fiscal y de los abogados personados en una causa sólo podrían hacerse públicos tras una decisión del juez –que, además, no era recurrible –desencadenó la caja de los truenos en la Fiscalía General del Estado.
El Departamento dirigido por Conde-Pumpido no estaba dispuesto a que se invadiese lo que considera competencia exclusiva del Ministerio Público, por un lado, y en otorgar más «poder» al juez, por otro. Sobre todo porque en la reforma prevista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se otorgará la instrucción de las causas a los fiscales. La supresión de los recursos contra sentencias absolutorias en los juicios de faltas y los interpuestos contra resoluciones del propio magistrado chocó frontalmente también con la oposición de la Fiscalía.
Conde-Pumpido, según las fuentes consultadas, «presionó» al Gobierno con los casos «Faisán» y los «EERS de Andalucía». Su actuación incidió directamente en que los socialistas retiraran el miércoles sus enmiendas. Se trató «de un pulso en toda regla al Gobierno, en concreto al Ministerio de Justicia, y lo ha ganado, porque se ha hecho lo que él quería». En el centro de esta «lucha» entre Justicia y Fiscalía se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que Pumpido acusó de extralimitarse en sus funciones al proponer determinadas reformas de la citada ley. Sin embargo, el Consejo no hizo más que lo que había acordado.
Para ello, el presidente, Carlos Dívar, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, designó al vicepresidente, Fernando de Rosa, y a los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar y José Manuel Gómez Benítez como «asesores para las reformas legislativas de la Administración de Justicia».Por ello, se reunieron con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y los portavoces de los grupos parlamentarios, a los que trasladaron las propuestas aprobadas por el Pleno sobre esas reformas. Éstas fueron incorporadas en su totalidad por CiU y PNV como enmiendas y también, en líneas generales, por el PSOE, con el añadido de la citada propuesta sobre la «publicidad» de los escritos de la Fiscalía con permiso del juez.
Por este motivo, en el CGPJ –que sabía días atrás que el PSOE iba a retirar sus enmiendas– no se entienden las críticas a su labor, ya que esas reuniones no fueron, en ningún caso, secretas ni se «puenteó» a ningún Poder.
Tras las críticas de Conde-Pumpido al CGPJ por atribuirse competencias legislativas, ayer mismo la Fiscalía expresó, a través de la comisión permanente del Consejo Fiscal, su «preocupación» ante la «evidencia» de que se le quisiese dejar al margen «en un tema de absoluta relevancia». En un comunicado, asegura que el Consejo Fiscal «no tuvo oportunidad de pronunciarse» sobre esas reformas procesales que considera de «dudosa eficacia agilizadora». Además, lamenta el «clima de tensión generado en los últimos días» entre la propia Fiscalía y el Consejo del Poder Judicial.
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