Los socialistas dejan Aragón con el doble de déficit del previsto por el PP

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo autonómico, Mario Garcés, dio cuenta ayer de lo que se ha encontrado al asumir el poder: un déficit de 929 millones de euros, el doble de lo previsto inicialmente. Esto se traduce en que el exceso de déficit sobre el objetivo permitido es de unos 485 millones.

Para evaluar la situación de las arcas de la Comunidad, Garcés explicó ayer que la situación de partida es «muy difícil», con una «caída estrepitosa» de los ingresos, que implica que el Gobierno de Aragón «no va a cumplir el objetivo de estabilidad», principalmente porque el déficit se sitúa en un 2,6 por ciento cuando debía estar en 1,3 para cumplir ese fin.

Garcés indicó que esta situación tiene una base estructural por un insuficiente modelo de financiación autonómica, pero también está motivada por «errores» cometidos por el anterior Gobierno, que presidía el socialista Marcelino Iglesias. Según el nuevo responsable de la Hacienda pública aragonesa, el compromiso de su departamento va a ser el de cumplir la estabilidad, pero «desde la realidad de los gastos» y, por eso, se redactará un proyecto presupuestario «sin trampantojos» ni «engaños». Según avanzó, su departamento trabaja en una ley de estabilidad presupuestaria que tendrá un techo de gasto, un capítulo que en este ejercicio alcanzará los 5.100 millones de euros, y que contará con mecanismos de contención de las modificaciones alcistas. También se comprometió a que en etapas de superávit, Aragón dispondrá de un fondo de reserva para servicios sociales y sanidad y para ir liquidando deuda. Ante la Comisión parlamentaria, Garcés agregó que se ha elaborado un plan de racionalización del gasto corriente que afectará a áreas como coches oficiales, publicidad institucional o consumo energético, informa Efe.

«Caraduras» con Iphone
En Castilla- La Mancha siguen revisando la herencia que les han dejado los socialistas. Y en medio de cientos de números que no cuadran se han encontrado con que también faltan los teléfonos de los altos cargos. Por eso, el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha dado un plazo de quince días a los consejeros, altos cargos y personal de libre designación del anterior Ejecutivo para que devuelvan dichos terminales móviles. El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, aseguró ayer que los que no devuelvan los teléfonos inteligentes o smartphones «van a quedar auténticamente como caraduras» y «van a sufrir, seguramente, la pena del descrédito de los ciudadanos de Castilla-La Mancha». «Con esto no va a ir nadie a la cárcel», afirmó, pero quien no lo haga «va a quedar bien desacreditado».