El juez cierra la puerta al careo entre Carlos G y su jefe por el «chivatazo»

El juez Ruz rechazó ayer las peticiones de las acusaciones
El juez Ruz rechazó ayer las peticiones de las acusaciones

Ni careo entre dos mandos policiales claves en el «caso Faisán», ni citación como testigo del «número dos» del Ministerio del Interior, Antonio Camacho. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cerró ayer la puerta a ambas diligencias solicitadas por las acusaciones populares –Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), respectivamente– en una resolución en la que, además, rechaza que declaren tanto el responsable de la investigación, el ahora comisario Carlos G., como los agentes que prestaron apoyo técnico en las grabaciones efectuadas en el «bar Faisán» de Irún (Guipúzcoa). El instructor tampoco accede a la solicitud de la defensa de uno de los imputados, que abogaba por un relevo en el equipo investigador encabezado por Carlos G.

Incluso, el magistrado aprovecha para reiterar que no existe «motivo alguno» para que se haya producido una «pérdida de confianza» por su parte en la labor realizada por el equipo investigador.

En cuanto al careo entre Carlos G. y su superior, el entonces responsable accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José Cabanillas, Ruz reitera los argumentos ya esgrimidos por la Fiscalía para oponerse a esa diligencia, que no considera ni útil ni necesaria. Según el juez, otras diligencias ya acordadas van a arrojar luz sobre las supuestas contradicciones entre ambos mandos, por lo que el careo «nada adicional aportaría».

Pero el instructor aprovecha la resolución para censurar con dureza las acusaciones vertidas en su comparecencia judicial por Cabanillas contra Carlos G., quien según él intentó eliminar la grabación de la baliza instalada en el vehículo de Joseba Elosúa, el dueño del «bar Faisán», que podría ser vir de prueba para demostrar el soplo policial. Para Ruz, que califica de «sorpresivo» ese testimonio (prestado, resalta, cuatro años y nueve meses después del supuesto chivatazo a ETA), se trata de una imputación «de entidad y gravedad evidente» que «no puede ser pasada por alto». El juez considera poco convincentes las razones esgrimidas por Cabanillas para justificar que antes callara esa acusación y abre la puerta a que se deduzca testimonio contra él por falso testimonio si reitera esa versión en un hipotético juicio.

En cuanto a la nueva declaración de Carlos G. solicitada por la AVT, el magistrado la rechaza pese a reconocer (como hacía el fiscal Carlos Bautista en su informe) que pudiera ser «relevante». Al igual que el Ministerio Público, prefiere esperar a que concluyan las diligencias en marcha antes de decidir si se cita al responsable de la investigación o a algún otro miembro de su equipo.

A instancias de la defensa de uno de los imputados, el juez también anuncia su intención de poner en manos de un juzgado de instrucción de Madrid la supuesta filtración de uno de los informes declarados secretos, que para la Fiscalía tiene un origen policial.

Por último, Ruz vuelve a rechazar que Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, declare como testigo. Sus llamadas con el director de la Policía se produjeron «dentro del cauce ordinario y orgánico», reitera Ruz.


Decisiones
- El juez rechaza el careo entre Carlos G. y Cabanillas, ex jefe de la UCI, para aclarar sus contradicciones, pues no lo considera ni útil ni necesario.
- Aunque cree que podría ser «relevante» escuchar de nuevo a Carlos G., mantiene que es mejor que su declaración se produzca, en todo caso, al terminar la investigación.
- Rechaza que Antonio Camacho sea citado como testigo pues las llamadas telefónicas entre él y el director de la Policía entran dentro de la lógica.
- Reitera su confianza en el equipo investigador y se niega a relevarlo, como pedía uno de los imputados.