El escándalo obliga a la Junta a reforzar el control de las ayudas

Sevilla- El escándalo de los ERE fraudulentos ha obligado al Gobierno andaluz a cambiar el procedimiento que regula la concesión de ayudas destinadas a trabajadores que han visto extinguido su contrato de trabajo y a empresas en crisis. Ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la nueva normativa de la Consejería de Empleo, que viene a enmendar un modelo sobre el que la Intervención venía oponiéndose con contundencia desde 2002, puesto que las partidas no se fiscalizaban a priori. Esta práctica desembocó en la trama que actualmente investiga la juez de Instrucción número 6 de Sevilla y en la que están implicados un total de 72 «intrusos».

A diferencia del mecanismo anterior, las ayudas serán publicadas en el BOJA, corrigiéndose así la falta de transparencia de un proceso en el que se otorgaban las cuantías a discreción. Eso sí, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) seguirá siendo el organismo encargado de entregar y distribuir las subvenciones. Se trata de una entidad «colaboradora»» que también se encargará de la justificación mediante la certificación de los pagos realizados mensualmente.

La orden especifica claramente, en relación a las cuantías, que éstas estarán «limitadas por las disponibilidades presupuestarias» y, sobre el control, se realizará mediante la «fiscalización previa del gasto», mientras que hasta ahora era posterior.

Fase preliminar
Otra de las novedades es el establecimiento de una fase preliminar para acceder a las ayudas. De esta manera, se valorará su viabilidad en función de la «repercusión que los procesos de reestructuración tengan en la economía y el empleo de Andalucía». La Consejería de Empleo tendrá que emitir un informe sobre dicho impacto y el titular de la Viceconsejería una declaración que habilita a los trabajadores a solicitar las ayudas.

La cantidad máxima a percibir al mes no podrá ser superior al 80 por ciento de la media del salario bruto correspondiente a las seis últimas nóminas devengadas. Tampoco se puede superar el importe de la pensión máxima de la Seguridad Social. Sobre los requisitos de los beneficiarios, se les exige una cotización de al menos 15 años a la Seguridad Social y en la empresa un mínimo de dos.