Guerra en el Gobierno por los 110

Cuatro meses después de aprobar esta polémica y cuestionada medida, y a punto de cumplirse el plazo de su aplicación, que expira el 30 de junio próximo, anda inmerso en un debate, que amenaza con prolongarse en las próximas jornadas. En principio, el Consejo de Ministros debería adoptar este mismo viernes una decisión sobre la continuidad o no de la medida. Sin embargo, en estos momentos los diferentes departamentos implicados mantienen posturas encontradas. Por un lado, los Ministerios de Industria y Economía se muestran partidarios de prolongar este límite de velocidad hasta finales de octubre, fecha en la que el Gobierno central estima que el precio del crudo entre en una senda de moderación, con un descenso de hasta los 100 dólares el barril, 12 dólares menos que a los que cotiza en la actualidad.

Las carteras de Elena Salgado y Miguel Sebastián esgrimen el actual precio del crudo para justificar la prolongación de los 110 kilómetros por hora. Precisamente, EL elevado coste que registraba en marzo fue el argumento decisivo que llevó al Gobierno a reducir en 10 kilómetros por hora la velocidad permitida en las carreteras españolas. Concretamente, el pasado 4 de marzo, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas destinadas a disminuir la factura energética del país, el barril de brent se elevaba a 115,68 dólares. Con el paso de los meses, este precio se ha mantenido prácticamente estable en el tiempo. De hecho, ayer se situó en 112 dólares el barril.

En este escenario de tendencia alcista del petróleo, tanto la vicepresidenta segunda como el titular de Industria prefieren posponer hasta otoño la vuelta a los 120 kilómetros por hora. Mientras, Interior defiende adelantar a los meses de verano el regreso al límite de velocidad anterior. Incluso Tráfico considera conveniente converger con el resto de Europa en esta cuestión, donde la media de la velocidad máxima permitida por carretera se sitúa en 120 kilómetros por hora. Los ministerios implicados tampoco se ponen de acuerdo sobre en qué momento debe el Consejo de Ministros ver esta cuestión.

Ni siquiera coinciden en si es o no necesario que el Consejo de Ministros lo vuelva a analizar. Según Industria, el plazo para decidir si se prorroga o no esta medida expira el 7 de julio, cuatro meses después de su entrada en vigor. Mientras, el Departamento del Interior sostiene que concluye ya. Así lo aseguró el propio titular de la cartera, a la sazón vicepresidente primero, este martes. Además, Industria considera que debe pasar por Consejo de Ministros si se decide no prorrogarlo, ya que necesitaría, para ello, un decreto-ley como percha legal.

Percha legal
Sin embargo, cree que sería suficiente una orden ministerial si se decide su prolongación hasta el otoño próximo. De momento, fuentes de Industria aseguraron a LA RAZÓN que se estudia la percha legal necesaria para cualquier de ambas circunstancias. Además, también se debate qué hacer. Es decir, si al final llega este viernes al Consejo de Ministros si se debe inclinar el fiel de la balanza por uno u otro escenario.

Con independencia de la polémica abierta en el seno del Gobierno, todos coinciden en el Gabinete de Zapatero en destacar sus consecuencias positivas en la reducción de muertos en carretera, aunque no era su objetivo, y en la merma que ha supuesto en la factura energética. En principio, el Ejecutivo esperaba ahorrar 1.400 millones de euros con estos 10 kilómetros de menos en el límite de velocidad. Desde el pasado 7 de marzo, fecha en la que entró en vigor la medida, el ahorro energético se ha elevado a 100 millones de euros mensuales, el equivalente a un millón de barriles de petróleo, según los cálculos de Industria. Por tanto, de momento el ahorro producido asciende a 400 millones de euros. El consumo de gasolina ha caído un 8%. Mientras, el de gasóleo ha descendido un porcentaje similar.

Este ahorro ha conllevado previamente un gasto de 250.000 euros, cuantía destinada a modificar las señales de tráfico. El Ejecutivo optó por tapar la señal de los 120 kilómetros con pegatinas de 110. Si el Gobierno central decide ahora o en otoño levantar el pie del freno de los vehículos, la retirada de las pegatinas tendrá un gasto mínimo para las arcas públicas, según confirmaron a este periódico fuentes gubernamentales.

Los conductores se olvidan
Las sanciones por exceso de velocidad empezaron bajando cuando el pasado 7 de marzo entró en vigor el nuevo límite. Sin embargo, el «efecto 110» ya ha perdido fuelle por el relax de los conductores con el polémico límite. Las infracciones por velocidad han subido un 8% desde las últimas semanas del mes de mayo.