Aborto libre año uno

Un año hace hoy que entró en vigor la ley del aborto en virtud de la cual se pasó de una normativa que despenalizaba la interrupción del embarazo en unos casos muy concretos a su legalización sin restricciones durante las 14 primeras semanas. Otra novedad introducida fue que las chicas menores de 16 y 17 años no requerían permiso paterno para abortar. A falta de datos oficiales, ha surgido estos días la polémica en torno al impacto de la ley y, mientras los representantes de las clínicas abortistas aseguran que ha descendido el número de intervenciones, otras asociaciones, como Red Madre, sostienen lo contrario y que se ha disparado el volumen de embarazos no deseados. Sería muy conveniente que el Ministerio de Sanidad, tras recabar la información pertinente de las comunidades autónomas, avanzara datos contrastados y depurados. En este punto, será de gran utilidad saber cómo ha afectado a las estadísticas la disminución de la inmigración y la dispensación sin receta de la píldora del día después. También es imprescindible saber cuántas adolescentes han abortado sin conocimiento de los padres y qué volumen económico se ha generado, tanto a favor de las clínicas privadas como a cuenta de los centros sanitarios públicos. Por otro lado, el primer aniversario de la ley nos recuerda que el Tribunal Constitucional sigue sin resolver el recurso interpuesto por el Partido Popular. Dada la especial naturaleza de esta ley, que afecta directamente a la vida de seres humanos no nacidos, los magistrados del TC tienen la obligación de actuar con celeridad, pues si son capaces de sustanciar en pocas horas una legalización como la de Bildu, que al Tribunal Supremo le llevó mucho más tiempo, bien podrían haber sentenciado en todo un año una ley sobre la que ya existe jurisprudencia en el propio tribunal. De no haberse suprimido el llamado recurso previo, mecanismo que permitía suspender la entrada en vigor de una ley recurrida por afectar a derechos fundamentales, se entendería la pachorra del TC, pero no es el caso, y deberían ser esos tres magistrados que hicieron amago de dimitir hace algunas semanas los primeros interesados en juzgar una ley que afecta a la vida y la muerte de miles de seres humanos. También está sin resolver de modo satisfactorio el alcance de la objección de conciencia, pues mientras las feministas radicales y el Gobierno sostienen que ese derecho está limitado a los médicos y personal sanitario que interviene directamente en la operación abortiva, diversas asociaciones médicas, ONG sanitarias y movimientos pro vida aseguran que es extensible a toda la cadena, desde el médico de atención primaria hasta el cirujano. Hasta ahora, los tribunales han emitido sentencias contradictorias y es de suponer que no habrá una doctrina fijada en tanto el contencioso no llegue al Supremo y el Constitucional resuelva. Por lo demás, que esta ley cumpla un año sólo puede satisfacer a quienes han hecho del aborto un lucrativo negocio y han logrado que un gobierno socialista se lo facilitara eliminando restricciones legales y aumentando el espectro de la clientela potencial.