El Gobierno quita carga a los tribunales

En la intensa agenda del Consejo de Ministros que se celebró ayer entró también el Real Decreto Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles con el que el Ejecutivo pretende impulsar que los particulares resuelvan un conflicto a través de la figura del mediador en lugar de acudir a los tribunales.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, anunció, asimismo, la constitución de comisiones de expertos para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
Las comisiones estarán integradas por magistrados, fiscales, catedráticos de Derecho, abogados, procuradores y secretarios judiciales, sin que perciban ninguna remuneración salarial por esa dedicación. Se reunirán con periodicidad semanal durante los próximos cinco meses, momento en el que tendrán que elevar su propuesta de texto articulado al Ministerio de Justicia. Y a partir de ahí empezará el proceso que lleve la modificación legislativa al Parlamento.
Con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Gobierno pretende «configurar una organización más racional y eficaz de la Administración de Justicia para que contribuya a la reactivación económica y a la protección de los derechos civiles, sociales y económicos». Y la de la Ley de Demarcación y de Planta irá dirigida a superar «el obsoleto modelo basado en el partido judicial» y organizar la Justicia con criterios de flexibilidad.
Por otra parte, en cuanto a la mediación, el Gobierno sostiene que es «urgente» la reducción de la litigiosidad porque «puede colapsar los tribunales». Pero es que, además, existe un mandato de la UE en ese sentido que, de incumplirse, puede convertirse en una sanción: en concreto, se trata de una directiva comunitaria del 21 de mayo de 2008. El año pasado ingresaron en los juzgados nueve millones y medio de nuevos pleitos, lo que supone que por cada cinco españoles ingresa un pleito.