Los ayuntamientos se rebelan contra la subida de Aguas Ter-Llobregat

BARCELONA- Los alcaldes del área metropolitana de Barcelona están en pie de guerra. El incremento en el canon del agua aprobado por el consejo de administración de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) ha dejado insatisfecho a todo el mundo. Para los ayuntamientos y las compañías distribuidoras supondrá un incremento del 70 por ciento, mientras que para el consumidor final podría sobre pasar el 30 por ciento. Por ello, el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Manuel Bustos, pidió ayer a la Generalitat que deje de culpar a las anteriores administraciones y busque soluciones para que la deuda que arrastra la compañía no repercuta en las maltrechas cuentas municipales y familiares.

Sin embargo, la Generalitat ve en la compañía de aguas la posibilidad de eliminar de un plumazo unos 1.000 millones de deuda. Esta es la cifra que prevé ingresar el Govern con la privatización de ATLL mediante el cobro de un canon inicial de 300 millones y 700 millones más que pagará la empresa adjudicataria durante los 50 años de concesión. Esto hace difícil atender a las demandas de los municipios, máxime cuando la compañía, presidida por Leonard Carcolé, arrastra, a su vez, una deuda de 663 millones. ATLL suministra agua a 4,5 millones de catalanes y más de 1.000 municipios.

Tercer incremento
Bustos lamentó, en declaraciones a Efe, que «el recibo del agua tiene una carga de gestión y ahora tendrá que soportar otra de beneficios para que a las empresas que opten a concesión les resulte interesante presentarse». El también alcalde de Sabadell remarcó que la subida del suministro en alta (desde los embalses a las depuradoras), a la que se añadirá el incremento del IVA desde septiembre, supondrá un encarecimiento no sólo para los abonados sino para las debilitadas arcas municipales, lo que ha provocado que muchos municipios hayan presentado alegaciones.

Este incremento en el recibo del agua será el tercero que afrontarán los residentes en el área de Barcelona, tras los sufridos por el alza del canon en octubre de 2011 y en enero pasado.

Aguas Ter-Llobregat salió al paso de las quejas y puntualizó que son los ayuntamientos los que tendrán que fijar la factura que pagarán sus respectivos ciudadanos tras el alza anunciada. La ATLL se agarra a que este incremento podría mantenerse para el consumidor final entre el 2 y el 10 por ciento. La compañía pública, según recordaron, vende el agua (procedente de embalses o desalinizadoras) a las empresas suministradoras, especialmente del área metropolitana, «pero no fija el precio de la tarifa que pagan los ciudadanos, que en este caso determina el precio final de la tarifa del ayuntamiento, y que dependerá de los recursos hídricos de cada municipio».

Una losa que pesa 663 millones
La Generalitat tiene un verdadero agujero negro en sus compañías de aguas. Si la deuda de Aguas Ter-Llobregat es de 663 millones, la Agencia Catalana del Agua no se escapa y debe 1.350 millones. Por ello, la conselleria que dirige Lluís Recoder encauzó un proceso de privatización parcial de Aguas Ter-Lobregat. La Generalitat lo llama «externalización». Y consistiría en un pago inicial por la gestión y otro a 50 años vista por la concesión. El Govern, ante la falta de ofertas, tuvo que rebajar de 400 a 300 millones el pago inicial por parte de la empresa que se haga con el contrato. Esta compañía tendrá los mencionados 50 años para pagar 700 millones más (frente a los 600 fijados en un primer momento), con lo que la cifra final que abonará se mantiene en 1.000 millones. Las compañías interesadas en adjudicarse la compañíatienen hasta el 28 de septiembre para presentar sus ofertas. Sobre la plantilla de la ATLL –unas 230 personas–, el pliego de condiciones establece que la empresa que obtenga la concesión subrogue a la totalidad de los trabajadores.