Castilla y León

Herrera se compromete a mantener las inversiones a pesar de la crisis

De Santiago-Juárez critica que las «frivolidades» del Gobierno las «pagarán» los más necesitados. 

José Antonio de Santiago-Juárez y Pilar del Olmo explican las medidas que va a desarrollar la Junta
José Antonio de Santiago-Juárez y Pilar del Olmo explican las medidas que va a desarrollar la Juntalarazon

El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera continúa arrimando el hombro para salir de la crisis económica. Pocas horas después de que el Ejecutivo socialista publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los recortes para reducir la deuda pública, la Junta de Castilla y León celebró un Consejo de Gobierno Extraordinario para analizar el documento y poner en marcha nuevas medidas. El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez; y la de Hacienda, Pilar del Olmo, trasladaron el deseo de Juan Vicente Herrera de ofrecer toda su colaboración, «eso sí, no a cualquier precio», ya que considera que «no todas las comunidades autónomas han actuado ante esta situación de la misma forma» y unas pocas, entre ellas Castilla y León «llevan desarrollando iniciativas más de dos años y en este tiempo han hecho los deberes».Entre las nuevas iniciativas destaca el compromiso el jefe del Ejecutivo autonómico de «mantener todas las inversiones que están en marcha».De Santiago-Juárez añadió que Herrera «nos ha ordenado revisar los presupuestos de este y el próximo año» con el objetivo de cumplir con el plan que «nos ha impuesto sin pedirnos opinión» a la España autonómica.En este sentido, el portavoz reiteró que las medidas se deben tomar por las «frivolidades» y la «mala cabeza» del Gobierno socialista, que «tendrán que pagar los sectores más débiles», como son los dependientes, los pensionistas y las futuras madres.Por su parte, Pilar del Olmo también anunció que otras propuestas se centran «un posible recorte del 10 por ciento de los subvenciones de lo que resta del año». Al respecto, declaró que «todavía es pronto para saber el ahorro que supondría esta iniciativa», sí que garantizó que se dará prioridad a las que sean más productivas.La consejera de Hacienda también se refirió al apartado de la reducción del sueldo de los empleados públicos y de los altos cargos de la Junta, del que esperan obtener 110 millones de euros con la aplicación de las normas diseñadas por el Gobierno.Asimismo, De Santiago-Juárez y Pilar del Olmo coincidieron en señalar que las propuestas de Rodríguez Zapatero «no son las idóneas, ni las adecuadas para la reactivación económica, la consolidación de ingresos o la creación de empleo.De Santiago-Juárez acusó al Gobierno socialista de «esconder la realidad» de nuestro país, y afirmó que si hubiera puesto en marcha estas medidas hace dos años, como le solicitó la oposición, «no hubieran tenido una consecuencia tan negativa»A pesar de ello, el portavoz aseguró que la Junta, «como ha hecho siempre», cumplirá con las exigencias del Ejecutivo central, «pero esperamos que tenga en cuenta la labor de austeridad que viene desarrollando Castilla y León». Pilar del Olmo recordó que la Administración regional lleva más de dos años desarrollando medidas e impulsando unos presupuestos austeros, «por la que se nos veía encima».«Café para todos»A pesar de ello, la consejera se mostró «pesimista» en el reducción de fondos a los comunidades autónomas, ya que en este tipo de iniciativas suele ser «café para todos», aunque «yo lucharé, como siempre, para que no se perjudique a Castilla y León».En cuanto a la posibilidad de recuperar alguno de los tributos suprimidos como el de Sucesiones y Donaciones para aumentar los ingresos, Pilar del Olmo mantuvo que «un incremento de los impuestos no ayuda a la recuperación económica y a la salida de la crisis». Además desechó la posibilidad de reducir la estructura organizativa de la Junta, ya que «está muy medida y tasada»Por último, José Antonio de Santiago-Juárez y la responsable regional de la cartera de Hacienda quisieron recordar que el 83 por ciento del déficit público actual es responsabilidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero, y mostraron su preocupación por las «severas medidas» que aplicará el Estado a las entidades locales, que muchas de ellas ya tienen «muchas dificultades para sobrevivir».