La Policía apunta al «dos» del PNV de Álava como cerebro de una red de chantajes

La Cámara vasca inicia hoy la comisión parlamentaria que tiene que investigar el «caso De Miguel», la supuesta trama de corrupción en la que están imputados varios dirigentes y militantes destacados del PNV de Álava. La comisión desarrollará sus trabajos en paralelo a la investigación que sigue en marcha en un juzgado alavés y que podría prolongarse al menos durante un par de años dada la complejidad del asunto. Además, el juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria ha acordado prorrogar un mes más el secreto de sumario del supuesto caso de espionaje de destacados representantes de la vida política y social alavesa y en el que están implicados dos er- tzainas.

Este caso de espionaje saltó a la luz el pasado mes de julio, tras un registro ordenado en el marco de las investigaciones por una presunta trama de cohecho y corrupción urbanística. La Ertzaintza halló informes pormenorizados sobre la vida privada de relevantes personalidades de la sociedad alavesa, como políticos del PSE y el PP. El juzgado ordenó el secreto de las actuaciones, que ha ido prorrogando desde entonces.

Declaraciones judiciales
En lo que afecta al «caso De Miguel», LA RAZÓN ha tenido acceso al informe policial que ha llegado al juez. Son 87 folios sustentados en las comparecencias ante la Fiscalía y en sede judicial de Ainhoa Alberdi, copropietaria del 40 por ciento de Urbanorma S. L., empresa constituida para concursar y realizar la ampliación de terrenos en el Parque Tecnológico de Álava. En diciembre de 2009 denunció que, supuestamente , estaba siendo extorsionada por Alfredo de Miguel, alias «Txitxo», (número dos del PNV alavés y mano derecha de su presidente, Iñaki Gerenabarrena) y por Aitor Tellería (miembro de la Ejecutiva del PNV de Álava y ex concejal del Ayuntamiento de Vitoria (que también está imputado por el caso del presunto espionaje político a miembros de la sociedad alavesa).

El informe policial se apoya en grabaciones de conversaciones, correos electrónicos y otras evidencias fruto de la investigación, e incluye, asimismo, un análisis detallado de Kataia Consulting, empresa sin actividad aparente y cuyo nombre es un acrónimo de varios encausados, así como de otras empresas que se mencionan en la causa. Además, estudia las relaciones personales y la agenda de De Miguel.

Trama empresarial
Según la declaración de Ainhoa Alberdi, y como se ha podido observar en la investigación de las cuentas de Kataia, esta empresa podría ser la destinataria de los frutos de los delitos perpetrados por el elenco nacionalista. Kataia contrató a la suegra de De Miguel con el fin de que esporádicamente cuidara de sus nietos. También contrató a su hermana como contable.
La Policía ha constatado que el «número dos» del PNV en Álava, y vicepresidente de Caja Vital, controlaba un grupo de empresas que recibía dinero sin aparente contraprestación. Al mismo tiempo era el responsable interno del partido en la gestión de su patrimonio.

En la mayoría de los pueblos el PNV es propietario de sus sedes sociales. De Miguel se encargaba de la gestión y mantenimiento de esos inmuebles a través de diferentes sociedades mercantiles y civiles, cuya propiedad es reconocida por el propio partido en los informes anuales realizados al Tribunal de Cuentas. La más conocida de ellas es Landaburu Etxea, mercantil que compró a través de De Miguel –su virtual propietario, administrador único y apoderado– un inmueble completo en el mismo centro de Vitoria dedicado a sede social del partido en el Territorio Histórico de Álava.

El informe policial del «caso De Miguel» no tiene desperdicio. Valgan varios extractos. «A la declarante le consta que el Sr. Sánchez Alegría, tras la reunión que mantuvo con él, y en la que le comunicó la existencia de las comisiones ilegales, llamó por teléfono al Sr. De Miguel, quien a su vez contactó con el padre de la compareciente, D. Juan Antonio Alberdi, quedando con él para reprocharle el lío en el que la compareciente podría haberle metido»; «que las personas que de forma directa o indirecta le han solicitado el pago de alguna comisión han sido Alfredo de Miguel y Aitor Telleria. Que está segura de que Alfonso Arriola y Koldo Ochandiano conocían dicha circunstancia, que también sabe que Pablo Larrabide conocía este hecho y que incluso él iba a percibir parte de la comisión. Que cree que Construcciones Loizate tuvo que abonar algún tipo de comisión a estas personas, desconociendo si lo hizo a través de Kataia u otra mercantil».

División en el PNV
Ninguno de los implicados en esta supuesta trama de corrupción ha perdido su carné del Partido Nacionalista Vasco ni tampoco sus cargos en el partido han sido renovados. En el seno de la formación nacionalista están divididos pero, de momento, ganan los partidarios de atrincherarse en la presunción de inocencia para evitar exigir responsabilidades.
Todos los elementos conocidos alimentan la sospecha de que detrás de la trama de cobros ilegales pueda haber una financiación ilegal del partido. La otra incógnita es si este «modus operandi» destapado en Álava puede tener sus copias en las otras dos provincias vascas.


Una negación por carta 
Horas después de que el supuesto escándalo de corrupción se hiciera público, De Miguel presentó su dimisión como diputado de Administración Local de Álava y como vicepresidente segundo de la Caja Vital. En una carta personal explicaba que daba ese paso para «evitar» que nadie pudiese utilizarle para dañar a la Diputación, al equipo de Xabier Agirre, diputado general de Álava, también del PNV, a la entidad financiera, o a su propio partido. Además, aseguraba que los cargos que se le imputan «no son ciertos».