El secreto de sumario del «caso Gürtel» se levantará en octubre

Antes de levantar el secreto, el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, esperará a que se resuelva el recurso contra su inhibición en favor del Tribunal Superior de Valencia de la parte de la investigación que afecta a cargos de esa Administración autonómica, entre ellos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

También están pendientes de resolución otros recursos relativos a la nulidad de las escuchas ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón entre varios de los imputados en el caso y sus abogados en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Pedreira ha tomado declaración esta mañana sólo a dos de los tres imputados citados para hoy, ya que el presidente de la empresa Sufi, S.A., Rafael Naranjo Anegón, a quien el juez acusa de un delito de cohecho, no ha acudido tras presentar un certificado médico y ha sido citado para dentro de dos semanas.

En el año 2002, la empresa de Naranjo resultó adjudicataria de la gestión del servicio de limpieza en el distrito madrileño de Moratalaz cuando el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y también imputado Alberto López Viejo era concejal de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid.

Así, el primer imputado en declarar hoy ha sido José Luis Cortés Bañares, acusado de falsedad y cooperación en un delito de fraude fiscal, ya que aparece como emisor de facturas a diferentes empresas de la red Gürtel por supuestos servicios de asistencia informática.

Fuentes jurídicas han señalado que Cortés ha dicho al juez que él solo realizaba la asistencia informática que se le pedía con las consiguientes facturas.

Tras tomarle declaración durante media hora, Pedreira le ha mantenido como imputado y le ha requerido toda la documentación relativa a su trabajo informático para empresas de la trama supuestamente dirigida por Francisco Correa.

Algo más de una hora ha estado ante el juez el ex director del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda, Luis Valor San Román, imputado por posible cooperación en un delito de prevaricación por su intervención en la adjudicación del contrato de la Oficina de Atención al Ciudadano de Majadahonda a la empresa de Correa Technology Consulting Management.

Este funcionario no ha querido hacer declaraciones a la prensa, aunque fuentes jurídicas han señalado que ha mantenido ante el juez que él no participó en ninguna contratación y que sólo hizo diferentes valoraciones de las alegaciones presentadas a dichas contrataciones.