Blanco avisa de que algunos controladores «irán a la calle»

Eso sí, que el departamento de José Blanco se muestre dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva en lo que a la negociación se refiere no significa que no esté dispuesto a llegar hasta el final para escarmentar a los responsables de la huelga salvaje que dejó el espacio aéreo español cerrado durante casi un día para que no se vuelva a repetir una situación así en un futuro próximo.

Blanco aseguró ayer que algunos de los 442 expedientes disciplinarios abiertos por AENA a los controladores que se ausentaron de sus puestos de trabajo el viernes culminarán con despidos. «Algunos se irán a la calle, que no quepa duda», afirmó categórico el ministro de Fomento en una entrevista en Onda Cero.

Cúpula

De las palabras de Blanco se deduce que los que tienen más papeletas para perder su puesto de trabajo son los responsables del sindicato de controladores, la USCA. El domingo, el ministro prefirió no entrar en especulaciones sobre si había sido la cúpula de esta organización la que había orquestado el plante del pasado viernes. Pero ayer ya no dudó en apuntar con más determinación en esa dirección. «Entre los controladores hay excelentes profesionales que quieren hacer su trabajo y que muchas veces se ven presionados para hacer seguidismo de la cúpula de su sindicato», manifestó Blanco. En cualquier caso, el ministro insistió en que los expedientes serán estudiados de forma individualizada, dando oportunidad a los implicados de defenderse, porque no todos los procesos abiertos concluirán con sanciones.

Fuentes de Fomento calculan que los expedientes podrían estar resueltos en unos tres meses, pero que su ejecución en caso de sanción podría demorarse un año si el controlador afectado recurre a Magistratura de Trabajo.

A pesar de que uno de los orígenes del conflicto es, según los controladores, la escasez de profesionales, Fomento no cree que en el caso de que haya despidos vaya a haber problemas de plantilla. Fuentes de este departamento aseguraron que, en este momento, se está formando a cien nuevos profesionales y que la implantación del sistema AFIS, que permite el control aeroportuario sin presencia física, ha creado un excedente. Además, abundan, podría recurrirse a proveedores externos como se hace ya en algunas torres.

Como ya se ha encargado de dejar claro en los dos últimos días el Gobierno, las sanciones que se deriven de la investigación de AENA son independientes de las que se originen por la investigación abierta por la Fiscalía, que desde el jueves tomará declaración a unos 500 controladores.

La Justicia también apunta a los dirigentes de la USCA como los responsables del caos. Según reconoció el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, los controladores de base podrían recibir un trato más favorable si prueban que fueron coaccionados para abandonar sus trabajos, supuesto en el que se tendría más en cuenta la responsabilidad de los dirigentes del colectivo.

Conde-Pumpido, en una charla informal con periodistas durante el acto institucional del aniversario de la Constitución, aseguró que, con arreglo a la ley, los controladores pueden ser condenados a penas que oscilan entre los tres meses y los tres años de cárcel, para los casos más leves, y de tres a ocho años en los más graves.

Los procesos se seguirán por la vía ordinaria, pues como precisó el fiscal, no se ha registrado ningún caso de desobediencia militar. Además, tampoco procede recurrir a la Audiencia Nacional puesto que el delito contra el tráfico aéreo no está encuadrado dentro de los que corresponden a dicha instancia judicial.

Arbitraje

El Gobierno no es el único que espera que la negociación pueda reconducir la situación. Los propios controladores apelaron ayer a esta vía, si bien calificaron de deseable que, «visto lo visto», sea un arbitraje el que busque una solución al convenio. Una propuesta que Fomento acogió ayer con sorpresa. «En agosto, AENA ya puso esta opción encima de la mesa y los controladores la rechazaron porque no creían que hubiese un árbitro imparcial que pudiese poner solución al conflicto», explicaron fuentes del ministerio.

No hubo amenazas de los militares
El sábado fue un día de mucha tensión, no sólo en los aeropuertos, sino también en los hogares de los controladores. Eso aseguraron algunos, que llegaron a acusar a la Guardia Civil de haberlos amenazado pistola en mano para que se incorporasen a sus puestos de trabajo una vez decretado el Estado de Alarma. Ayer, sin embargo, el secretario de Comunicación de la USCA, César Cabo, salió al paso de tales acusaciones y aseguró que el trato que están recibiendo del Ejército está siendo «exquisito» y negó que estén siendo presionados. El sindicato, a la vista de la reacción de los afectados, pidió «perdón» a través de su Twitter y aseguró que entienden los «insultos» que se han proferido contra el colectivo. No obstante, y aunque Cabo calificó la situación de «caótica, terrible e inaudita», insistió en mantener que AENA la podía haber evitado con una «reunión de diez minutos» para reajustar las plantillas. «En vez de solucionarlo con un reajuste de plantillas, ha preferido no reconocer su error y pedir al Ministerio de Fomento un real decreto que reduce aún más los derechos de los trabajadores al inicio del puente más largo del año», insistió el secretario de comunicación de USCA.