El Parlamento italiano aprueba el plan de ajuste de Berlusconi

El plan de ajuste, aprobado el pasado 15 de julio por el Senado y que ayer superó una cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo, pasó el examen de la Cámara Baja este jueves con 321 votos a favor, 270 en contra y 4 abstenciones, en presencia del propio primer ministro.

El texto sale del Parlamento prácticamente igual que como llegó tras ser anunciado por el propio Berlusconi a finales de mayo, aunque con un aumento en los recortes de unos 200 millones de euros, frente a los 24.900 millones de euros que contemplaba entonces.

Ese aumento supone un muy ligero cambio a un plan que pide el mayor esfuerzo a los funcionarios por el que el Gobierno considera un mayor incremento salarial registrado en los últimos años y también a las administraciones municipales, provinciales y regionales, uno de los asuntos más controvertidos de este plan.

Esta última partida de ahorro se cifra en 8.500 millones de euros: el de las administraciones regionales con un estatuto ordinario será de 4.500 millones de euros y el de las de estatuto extraordinario de 1.000 millones, mientras que los ayuntamientos y las provincias afrontarán una reducción de 2.500 y 500 millones de euros, respectivamente.

En el caso de los funcionarios, el Gobierno de Berlusconi, y ahora también el Parlamento, aprobó la congelación de los salarios a niveles de 2010 para el trienio que va de 2011 a 2013 y también la supresión de algunos entes públicos menores, a cuyo personal recolocará en otras estructuras administrativas.

El Consejo de la Presidencia del Senado explicó hoy en un comunicado que calcula que los recortes en la Cámara Alta para el trienio de 2011 a 2013 supondrán un ahorro de unos 35 millones de euros, provenientes, entre otras partidas, de una reducción de 1.000 euros mensuales netos en los sueldos de los senadores.

Este recorte enmarcado en el plan de ajuste, que pretende llevar la relación entre déficit y PIB del actual 5% al 2,7% en 2012, está en la línea de los 60 millones de euros de ajuste de la Cámara de los Diputados, que cuenta con 630 parlamentarios frente a los 322 del Senado.

"Pedimos un gesto de responsabilidad a los funcionarios, en primer lugar porque sus ingresos han aumentado más, dado que en los últimos diez años se han incrementado un 42,5 por ciento, mientras que el sector privado lo ha hecho en un 24,8 por ciento", dijo el primer ministro italiano en mayo cuando presentó el plan.

En esa reducción del gasto público entran también los magistrados, que, en el caso de los del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), verán una reducción en sus sueldos del 10 por ciento.

Al igual que sucede con los impuestos, las retribuciones de las pensiones no se tocan en este plan de ajuste, pero sí los mecanismos de acceso a las mismas, como, por ejemplo, que a partir de 2016 la edad de jubilación quedará vinculada a los cambios en la esperanza de vida media del país.

La lucha contra la evasión fiscal, con medidas como la rebaja hasta los 5.000 euros en la cifra mínima a declarar al fisco en caso de transacciones en efectivo, es otro de los grandes puntos de estas medidas, con las que se pretende recaudar unos 8.000 millones de euros al año.

Ayer, miércoles, el propio Berlusconi, durante la clausura de la Conferencia de Embajadores italianos en Roma, volvió a justificar la necesidad de un plan que él mismo ya había definido como "inevitable"y "equilibrado".

"Si no hubiéramos hecho el plan de ajuste o hubiera caído el Gobierno, habríamos terminado como Grecia e Italia habría sido embestida por la especulación financiera", apuntó el primer ministro, en un discurso televisado.

Lo cierto es que todas las palabras que Berlusconi y su Ejecutivo han dedicado a justificar el plan no han calado ni en los trabajadores, que han llevado a cabo varias huelgas en las últimas semanas, ni en la oposición política.

El movimiento social "Pueblo Violeta", muy crítico con Berlusconi, se concentra desde anoche y durante 24 horas ante la Cámara de los Diputados para protestar contra las medidas de austeridad gubernamentales.