La Fiscalía ratifica la imputación de Rivas en el «caso Mercasevilla»

Tras escuchar los argumentos de acusaciones y defensas contra el auto en el que la titular del juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya, incoaba el procedimiento del tribunal con jurado, la Sección Primera de la Audiencia Provincial maneja en sus manos el futuro del «caso Mercasevilla», aunque la Fiscalía tiene bien claro el camino a seguir: el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas debe seguir imputado junto al ex gerente de la sociedad municipalizada Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y su directora de Proyectos, la funcionaria Regla Pereira.

El Ministerio Público considera que, al menos en esta fase del procedimiento, existen indicios razonables y suficientes contra los cuatro inculpados por cohecho en la causa abierta sobre la presunta petición de comisiones ilegales al Grupo La Raza, «en compensación» por la subvención de 900.000 euros concedida desde la Junta de Andalucía para la consecución de la escuela de hostelería de la Fundación Mercasevilla.

Implicados

El fiscal cree probable que Mellet, Ponce, el Ayuntamiento a través de la fundación y la Junta de Andalucía, mediante la Consejería de Empleo y su delegación provincial, intervinieron en la «operación» que investiga la juez Alaya. De hecho, en su comparecencia ante los magistrados de la Audiencia Provincial apuntó que «hubiera sido de agradecer» que el ex gerente y su adjunto accedieran a declarar al respecto.

No obstante, la Fiscalía también deja claro que no detecta ilegalidades penales ni administrativas en la concesión de los 900.000 euros de subvención por parte de la Junta. Se refería al recurso interpuesto por la acusación particular del Partido Popular, que denuncia irregularidades en todo el proceso burocrático, detecta un delito de prevaricación y, por tanto, advierte de que este caso no debe juzgarlo un jurado.

Para el PP, en esta rama del «caso Mercasevilla» es perfectamente aplicable la «doctrina Roldán» y plausible que la subvención autonómica fuera «construida» sin atender a la legalidad vigente con el objetivo de exigir, al final, una comisión a los empresarios.

El Partido Andalucista solicitó igualmente el mantenimiento de las imputaciones, así como la Fundación Mercasevilla, que vuelve a secundar de esta manera a la Fiscalía. En cambio, el PSOE se desmarcó del resto de acusaciones particulares y reclamó el sobreseimiento del caso para el ex delegado provincial de Empleo y la funcionaria Regla Pereira, insistiendo en que «no hay indicios de delito» en sus respectivas actuaciones y señalando como únicos responsables a Mellet y Ponce.

Curiosamente, la postura del abogado de los socialistas vuelve a acercarse más a la estrategia de los defensores, que pidieron el archivo de la causa para cada uno de los cuatro imputados.

Justo después de que la Audiencia Provincial cerrara la vista oral sobre estos recursos, la investigación continuaba en el juzgado de Instrucción número 6 con la declaración de la ex directora general de Formación de la Consejería de Empleo María José Lara González, quien admitió que la subvención fue concedida a la Fundación Mercasevilla para su escuela de hostelería «por oportunidad política».

Esta testigo declaró que el delegado provincial y el consejero confirmaron durante la tramitación del expediente que «había la intención de otorgar» la abultada subvención a la entidad municipal. Lara Fernández aseguró que ambos admitieron «la existencia de reuniones anteriores» entre las partes interesadas, que «había un convenio firmado el año anterior» e, incluso, que estaba fijada «la cantidad a otorgar». Aun así, y sin certificar si se cumplieron los requisitos legales, afirmó que «no vio ningún trato excepcional».