Ecuador impide una protesta de miles de abogados contra Garzón

MADRID- Todos los colegios de abogados de Ecuador le nombraron «persona non grata» por unanimidad, le acusaron de ser cómplice de «malversación de fondos públicos» y le dejaron claro que si volvía, le organizarían una manifestación que paralizaría el país. Y así habría sido de no ser por la intervención del Gobierno ecuatoriano, que impidió el acceso a la capital de los autobuses en los que viajaban miles de letrados. Por si alguien se ha perdido, el protagonista de esta historia no es otro que el ex magistrado Baltasar Garzón, que llegó el pasado lunes a Quito para «continuar» con su polémica labor de asesoramiento al Ejecutivo de Rafael Correa.
Sus detractores le tenían preparada una bienvenida inolvidable. La protesta, organizada por la Federación Nacional de Abogados de Ecuador (FNAE), coincidía con el día en que Garzón llegó a Quito. Sin embargo, se encontraron con más trabas de las previstas. Su portavoz, Pedro Javier Granja, denunció que sólo en las carreteras de Guayaquil a Quito fueron «retenidos 40 autobuses, en los que viajaban cerca de 2.000 abogados». Una escena que se repitió en otras zonas del país. En cifras: «más de 110 autobuses y unos 7.000 abogados». Además, una semana antes, añade Granja, las autoridades retuvieron 54 horas a Linda Sabando, principal dirigente de la marcha contra el ex magistrado. Y todo ello, sin justificación legal alguna.

Sin duda, estos hechos han supuesto un duro revés para una batalla que aún no ha terminado. Y es que, como ya adelantó LA RAZÓN, el Consejo Supremo de la Abogacía solicitará ante la Fiscalía General del Estado el procesamiento de Garzón como cómplice de «malversación de fondos estatales». Y lo hará hoy, sin más dilación, a las 10:30 horas. ¿El motivo? Acusan al ex magistrado de «cobrar por un trabajo que no realiza». Más concretamente, como apunta el portavoz de la FNAE, «por incumplir el artículo 396 del Código Penal», que establece una pena de cuatro a ocho años de prisión para «toda persona encargada de un servicio público que hubiere abusado de dineros públicos». En este caso, denuncian no sólo que Garzón cobre por una labor que no realiza –asesor internacional de la reforma judicial de Correa–, sino que el Ejecutivo haya contratado a otra persona para que haga ese trabajo.

Gastos de «asesoramiento»
Desde la Federación, su presidente, Alfonso Luz Yunes, señaló que hace más de 45 días hicieron una petición oficial al Ejecutivo para que les facilitase copias de los billetes de avión de Madrid a Quito; de los costes de las habitaciones en hoteles de cinco estrellas, así como gastos de alimentación y transporte. Pero no sólo de Garzón, sino de todos los que forman parte de un comité asesor que, a su juicio, no existe. No hubo respuesta.

Ahora, la visita del ex juez a Quito, lejos de apaciguar los ánimos, los ha avivado. Desde la Federación apuntan a que el ex juez podría estar pensando renunciar a su sueldo como asesor (más de 50.000 euros) para evitar otra condena. La otra opción sería que abandonase este cargo, como ya ha hecho en otros organismos.

La Embajada, con el ex juez
El portavoz de la FNAE, Pedro Javier Granja, relata que acudieron al embajador español en Quito, Federico Torres Muro, para que supervisasen el trabajo de Garzón. Éste zanjó el tema diciendo que «no podía hacer nada». Aquí, hay que señalar que Torres fue la mano derecha de Bernardino León, núcleo duro del PSOE, durante su etapa tanto en la Secretaría de Estado de Exteriores e Iberoamérica como en la de Presidencia. Y sobra hablar del respaldo que Garzón recibe de los socialistas.