Ni beneficios ni impunidad para ETA

MADRID- Fernández desglosó las pautas que el Ministerio pretende acometer en la lucha antiterrorista, lo que fue contestado por todos los grupos con un unánime apoyo. Por todos menos por uno: Amaiur. Consciente de que el «final de terrorismo de ETA» no es una tarea fácil, destacó que la afrontará con una «amplitud de miras y con sentido de Estado».

En su amplia exposición –en la que detalló que su departamento tiene un déficit de 217 millones de euros– Fernández advirtió de que contra «un final meramente táctico» de ETA en relación al cese definitivo anunciado por la banda el pasado 20 de octubre, «son muchas las veces que los violentos han engañado a la sociedad». Por ello subrayó la importancia de que «disuelvan y desmantelen sus estructuras aquellos que han usado la violencia y que se responsabilicen de sus actos; eso será el final definitivo del terrorismo», enfatizó el ministro, quien recordó a la banda que deberán «reconocer el daño que han causado a las víctimas» y «pedir perdón quienes durante años han estado jaleando a los asesinos».

Fernández destacó ante el diputado de Amaiur que no pueden pasar a ser «demócratas con unas cuantas declaraciones de buenas intenciones». En varias ocasiones apeló a la unidad de todos los demócratas, y a actuar «con inteligencia, prudencia y discreción» y a no bajar la guardia. «Son muchas las veces que los violentos han engañado a la sociedad y han frustrado las esperanzas. Aun así, subrayó que hay que mantener la guardia alta: «No la vamos a bajar».

El ministro alabó la fortaleza del Estado de Derecho y defendió el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como uno de los cauces que «han obligado a ETA a decretar el final de sus actividades» y, en ese sentido, admitió que eso «permite vislumbrar con esperanza, pero con precaución, un final definitivo del terrorismo».
Durante su intervención hizo especial hincapié al papel de las víctimas, claves para que «hoy estemos más cerca de un final de la violencia» y al hecho de que «nunca se hayan tomado la Justicia por su mano». En este apartado aseguró dar prioridad al Real Decreto de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y a la creación en un plazo de seis meses del Memorial de las Víctimas que se instalará en el País Vasco, «sin equidistancias ni manipulaciones». Asimismo, garantizó que el Gobierno luchará contra la impunidad porque no se puede permitir «que haya asesinatos sin esclarecer».

Presos
En materia penitenciaria recordó que es ETA la que no permite que sus presos se acojan a los beneficios y la que ejerce la presión sobre sus internos y sus familias. Citó datos facilitados por Instituciones Penitenciarias según los cuales un 95 por ciento de los presos de ETA sigue obedeciendo la disciplina de los terroristas. «Sin ETA, sus presos serían más libres», dijo. En consecuencia, insistió en que «la única hoja de ruta del Gobierno es la aplicación de la Ley» y reiteró la apuesta por trabajar en que los etarras lleven a cabo programas de reinserción individualizados para que «los que hoy siguen sometidos a la banda den los pasos que otros ya han dado». Fernández aseguró que hay que actuar con «inteligencia», midiendo cada paso, buscando el «máximo consenso para lograr entre todos que los que hoy siguen estando sometidos a ETA cambien de actitud y «la ley se pueda aplicar con toda la generosidad».

En cuanto al plan de reducción de escoltas, como ya adelantó LA RAZÓN el 20 de enero, el ministro anunció que se ha encargado a la Secretaría de Estado la revisión del número de escoltas para racionalizarlos, ya que aunque el Gobierno considere que permanece la amenaza latente de ETA, «el número de protegidos está muy por encima de lo razonable». Pese a todo, matizó que este plan tendrá su excepcionalidad en el País Vasco y Navarra, donde cada caso se revisará individualmente.

Interior también combatirá el terrorismo yihadista desde la prevención y la lucha contra la radicalización y mediante un plan integral en consonancia con los planes de la Unión Europea para el norte de África y la zona del Sahel.

«Hablar de presos políticos es una indecencia»
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se encaró ayer en el Congreso de los Diputados con el portavoz de Amaiur, Iker Urbina, por no condenar a ETA y definir como «presos políticos» a los reclusos de la banda terrorista. Durante el turno de intervención del diputado de Amaiur, Iker Urbina, en representación del Grupo Mixto, destacó que el cese del «problema político vasco no llegará con más represión» y exigió el «fin de las políticas de ilegalización», así como el «cese» de las políticas penitenciarias con respecto a los «presos políticos» vascos. Además, solicitó la libertad para aquellos que ya han cumplido sus penas y la derogación de las excepciones, y que no exista un final con vencedores y vencidos. Entonces, Jorge Fernández le espetó parafraseando las palabras que Rajoy dijo en el debate de investidura: «La sociedad española no le debe nada». Al mismo tiempo calificó de «indecencia» y de «amoralidad» que Iker Urbina hubiese definido a los reclusos etarras como «presos políticos» y le respondió: «España no tiene presos políticos porque es una democracia». «Si hubiera estado ayer conmemorado el asesinato de Alberto –Jiménez Becerril– y Ascen le daría vergüenza hablar de presos políticos». Y sí habrá un final con vencedores, los demócratas. La intervención del ministro fue respondida por los aplausos de los diputados del PP. El ministro emplazó al diputado de Amaiur a condenar y pedir la disolución de ETA, pero Urbina hizo oídos sordos y se limitó a manifestar «el apoyo de más de 330.000 votantes a los que represento que apuestan por vías exclusivamente políticas». «Me quedo más con lo que no ha dicho», le contestó Fernández.