El Gobierno de España retira las ayudas que enviaba para inmigración

Esta paralización, según fuentes de la Generalitat, supone que ésta deja de recibir financiación por parte del Estado para la acogida e integración de las personas inmigrantes, financiando estas políticas exclusivamente con los presupuestos del Consell.
El Fondo de Acogida, que es el que principalmente se nutre con la subvención del Estado, permite financiar las plazas de acogida e inyectar dinero en los municipios para la integración de los inmigrantes. Este año el Consell ha financiado 656 plazas de acogida a inmigrantes y ha colaborado con 44 entidades doce alicantinas, dos castellonenses y 30 valencianas para mantener 16 pisos, siete hostales, ocho albergues, centros de acogida y una casa cuna.
La decisión del Ministerio afectará a las actuaciones de integración de 200 ayuntamientos valencianos, concretamente a las iniciativas que se financiaban con un convenio entre la Conselleria de Justicia y Bienestar Social y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, sufragado en su mayoría por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
En los últimos años, el Estado ha ido reduciendo sistemáticamente la cuantía destinada las Comunidades Autónomas a través del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes, así como al Refuerzo Educativo de los mismos pasando de 188 millones de euros en 2007 a 66.063.040 en 2011: una disminución de 121.936.960 en cinco años.
Esta reducción del Fondo se produce cuando entra en vigor el Real Decreto de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, que asigna competencias a las Comunidades Autónomas en materia de integración de personas inmigrantes. Según el Gobierno valenciano, incumple, a su vez, la creación de un Fondo Estatal para la integración de los inmigrantes, transformación del anterior.
En cuatro años la Comunitat ha pasado de recibir del Estado 23.153.242 en 2007 a 7.686.640 en 2010, 15.466.602 euros menos.
La previsión para el 2011 era de 7.273.167 euros, cantidad menor que en el 2010 y dejada de percibir con esa decisión.
La paralización del convenio también ha perjudicado a otras comunidades como Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Baleares, La Rioja, Murcia y Navarra.
Sí han recibido las cantidades prometidas Madrid, Ceuta, Melilla, Galicia, Extremadura y País Vasco.

La más perjudicada
De todas las afectadas la más perjudicada ha sido la Comunidad Valenciana dado que es la segunda con mayor proporción de población inmigrante y extranjera detrás de Madrid.
Hoy residen en la Comunitat Valenciana cerca de un millón de personas de origen extranjero e inmigrante, de las cuales más de medio millón son extracomunitarios, objeto de atención directa del Fondo.
De cada diez personas inmigrantes que residen en España, dos residen en la Comunidad Valenciana y para el conjunto de la población valenciana éstas representan el 17,16 por ciento del total de la población.
Las políticas de inmigración derivadas del Fondo exigen la cofinanciación entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas. Concretamente, el Estado aporta el 70 por ciento mientras que las Comunidades Autónomas aportan el 30 por ciento.