La Justicia niega que la Comunidad deba 33 millones a Berzosa

Censura el despilfarro del rector que gastó 192 millones más de lo presupuestado

La Justicia niega que la Comunidad deba 33 millones a Berzosa
La Justicia niega que la Comunidad deba 33 millones a Berzosa

Madrid- Finalmente la Justicia ha tenido que mediar y decidir en el conflicto iniciado por la dirección de la Universidad Complutense contra la Comunidad de Madrid a cuenta de un desfase en el balance económico del centro educativo. En una sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) reconoce que el Ejecutivo regional no tiene deudas con la Complutense en concepto de pagas extras y gasto corriente de personal.

Cada curso la consejería de Educación, que dirige Lucía Figar, asigna a las direcciones de todas las universidades públicas un presupuesto para los sueldos de sus trabajadores. Después son los equipos rectores quienes tienen total autonomía para realizar con esa partida las contrataciones que estime necesarias. En el caso de la Complutense su rector, Carlos Berzosa, y su «mano derecha», Carlos Andradas –que se ha postulado para sucederle en la dirección del centro– el problema es que sólo entre los años 2003 y 2008 (a los que ahora hay que añadir los ejercicios 2009 y 2010) gastaron en este concepto 192 millones de euros por encima de lo acordado con la Comunidad, según los balances de esta universidad.

Ingresos extra
Fuentes de la universidad consultadas explicaron que la Complutense, además de la partida que recibe de los presupuestos regionales, también tiene otros ingresos por matriculaciones o acuerdos con empresas para realizar proyectos de investigación y que, al parecer, el equipo de Berzosa contaba con saldar su capítulo de personal –que se duplicó entre los años 2005 a 2009 hasta llegar al total de 2.200 empleados– con la suma de todas estas partidas pero se quedó corto a la hora de echar las cuentas.

Le faltaban más de 30 millones para cuadrar el balance, de ahí que el equipo rector de la Complutense decidiera recurrir a la Justicia para reclamar a la Comunidad de Madrid 33 millones de euros en concepto de incremento de pagas extra. Ahora la sentencia, con fecha de 18 de febrero, concluye que la partida que asigna la consejería «es el tope de financiación al que se comprometía la Comunidad» y que «todo lo que exceda de dicho techo presupuestario deberá ser asumido por la Universidad con cargo a sus propios fondos, sin que pueda reclamar por tal concepto a la Comunidad».

La decisión del tribunal, que se puede aplicar por extensión al resto de centros universitarios públicos, echa por tierra las acusaciones de moroso que Berzosa ha vertido en los últimos meses contra el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y da la razón a la Comunidad cuando, en sus alegaciones ante el TSJM, recalcó que «no sólo no es deudora de cantidad alguna» a la Complutense, «sino que ostenta a su favor un superávit de ocho millones de euros», según recoge la sentencia.

La decisión judicial también pone orden en otro aspecto. Estima que la Comunidad de Madrid tenía razón cuando, acogiéndose a un acuerdo con la Universidad sobre el tratamiento de datos informáticos de los alumnos de selectividad, abonaba al equipo de Berzosa estos servicios con carácter bianual y no anual como exigía el rector complutense.

Por último la sentencia se refiere a otra de las reclamaciones de la Complutense en concepto de fondos para la construcción y rehabilitación de edificios. En septiembre de 2008 la Comunidad abonó 24,1 millones de euros a la Universidad para rehabilitar sus inmuebles. El importe total debería haber sido 16,9 millones de euros superior pero esta cifra quedó retenida en las arcas autonómicas como consecuencia de la coyuntura económica, aseguraron fuentes de la consejería de Educación. El tribunal da en este caso la razón a la dirección de la Complutense, al estar incluidos estos fondos en la Ley de Presupuestos, pero los abogados de la Comunidad interpondran un recurso a este punto.

Los problemas se acumulan para Berzosa al que la Cámara de Cuentas ha pedido una auditoría de su gestión de los años 2009 y 2010 sobre la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid (FGUCM). Además, se acusa al equipo directivo de la Complutense de no presentar regularmente sus cuentas.


Números rojos por casi 150 millones
En la Complutense están metidos de lleno en campaña electoral. El próximo 6 de abril la Universidad celebrará elecciones para renovar a Carlos Berzosa que ocupa el sillón de rector desde 2003 y sobre cuya gestión se ciernen numerosas sombras. Según los cálculos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la Complutense adeuda a día de hoy unos 150 millones de euros. Para el presente ejercicio el Ejecutivo regional, ha presupuestado una partida de 341,6 millones de euros que ingresará en las arcas del centro universitario. No será suficiente para afrontar las deudas que ha acumulado la directiva complutense que, de no encontrar una solución, continuará con números rojos en sus balances aunque han podido aumentar sus tasas.