No se pudrirán en la cárcel

La inesperada puesta en libertad de uno de los etarras más sanguinarios, Antonio Troitiño, ha conmocionado al país y ha reabierto las heridas no cicatrizadas de episodios similares como el de De Juana Chaos, otro integrante del salvaje «comando Madrid». El caso ha provocado una alarma social más que comprensible. El terrorista Antonio Troitiño, condenado a más de 2.700 años de prisión por 22 asesinatos y otros atentados, dejó la prisión después de 24 años de reclusión, a pesar de que su salida de la cárcel no estaba prevista hasta el año 2017, en aplicación de la llamada «doctrina Parot», según la cual los beneficios penitenciarios deben restarse del total de la pena y no del máximo tiempo de estancia en prisión marcado por el Código Penal (30 años en su caso). El asesino, sin embargo, se ha beneficiado de la doctrina del doble cómputo de la prisión preventiva, establecida por el Tribunal Constitucional en 2008 y que ha supuesto en este caso descontar el tiempo pasado en prisión provisional del límite de los 30 años. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer revocar la libertad de Troitiño y que siga preso hasta 2017. El Ministerio Público también solicitó que el abono de las prisiones provisionales se haga según se vayan cumpliendo las diversas penas y no se practique sobre los 30 años. La pregunta es por qué se ha reaccionado tarde, cuando el asesino ya está libre. Es evidente que la interpretación del Constitucional no sólo es un beneficio para los presos con más delitos y condenas más largas, sino que desactiva un instrumento fundamental de la lucha antiterrorista como la doctrina Parot. Aunque es cierto que en 2010 se aprobó una reforma legal para evitar el doble cómputo, el cambio no tiene carácter retroactivo y no afecta a Troitiño ni a otros etarras en circunstancias similares, que se acogerán a la benévola lectura del Constitucional. Hay, por tanto, un resquicio en la Ley, y ni el Gobierno ni la oposición han hecho algo efectivo para evitar esta afrenta a las víctimas y a la memoria colectiva del país. Es decepcionante y censurable que no se haya dado la batalla jurídica ni política para desactivar esta situación, y que el mutismo haya rodeado este proceso sin posibilidad de un debate público. El recurso de la Fiscalía es la prueba de que se pudo hacer más y mucho antes. La neutralización de la doctrina Parot es un grave retroceso en la lucha contra ETA, que provocará la libertad de muchos etarras, los más sanguinarios de la banda, que en los años 80 asesinaron de centenas de personas, como en el atentado de Hipercor. Gobierno y oposición tienen el deber de evitarlo para que la sociedad no asista de nuevo a una auténtica desgracia judicial como el caso Troitiño. La salida prematura de terroristas es un mal síntoma que alienta las sospechas y la preocupación en la ciudadanía y aleja del horizonte cercano la derrota de ETA. Desde hace muchos años, los políticos nos han asegurado por activa y por pasiva que los terroristas se pudrirían en la cárcel. Parece que no será así. No se trata de venganza, sino de justicia. Y no es justo que un asesinato merezca tan sólo un año de cárcel. Eso es un fracaso inaceptable.