La ex directora de la CAM reclama diez millones por despido improcedente

MADRID- Entre gritos de «choriza, corrupta y ladrona» llegaba ayer María Dolores Amorós al juzgado de lo Social número 4 de Alicante. La que fue directora general de la CAM reaparecía en público por primera vez después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la despidiera el 28 de septiembre de 2011 por mala gestión de la entidad que dirigía.

Sin embargo, la cita ante el Juez la había solicitado la propia Amorós. La ex directiva no considera que su despido fuera procedente y recurrió la decisión de los administradores del FROB.

Amorós ha pedido 10 millones de euros en concepto de lucro cesante, es decir, la cantidad que hubiera cobrado en los 17 años que le quedaban como empleada de la caja antes de su jubilación. Además ha solicitado el doble de la cuantía que le correspondería por despido improcedente, y ha acusado a los actuales administradores de la entidad –nacionalizada en julio del año pasado– de haber causado daños morales en su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, provocados por su despido «improcedente», según la ex directora general.

Amorós fue acusada de actuar en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia –de 369.497 euros al año–, y ahora pide al juez que se respete. También fue acusada de falsear las cuentas para ocultar la debilidad de la caja y de llevar a cabo una «deficiente gestión», por lo que la abogada de la CAM exigió ayer en el juicio la desestimación íntegra de la demanda de la ex directiva.

En su declaración, uno de los tres administradores de la entidad, José Antonio Iturriaga, declaró que,la actuación de Amorós al frente de la CAM es propia de «vía penal». Según Iturriaga, existen documentos que reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras.

Seis directivos se prejubilaron por 15,5 millones
Madrid- Los seis directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se acogieron al ERE de la entidad en junio de 2011 cobraron 15,5 millones de euros por prejubilación. Según un informe del Banco de España, la gestión de la adhesión al ERE fue irregular en los seis casos, ya que la solicitaron por carta personal y no por la aplicación informática correspondiente. Además, los inspectores del Banco de España tienen «dudas razonables» de que el ex director general de la caja, Roberto López Abad, solicitara la prejubilación en los plazos previstos. Su peti-ción no consta en ningún acuerdo de la Comisión de Retribuciones ni del Consejo de Administración como ocurría en los otros casos.