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La Junta andaluza reconoce 37 casos de prejubilados con su «fondo de reptiles»

De un caso concreto que afectaba a la empresa MercaSevilla, se ha pasado a una trama organizada de la que presuntamente se han beneficiado al menos 39 personas incluidas de manera irregular en expedientes de regulación de empleo que contaban con la financiación de la Junta de Andalucía

La Razón
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El Gobierno andaluz admitió ayer que ha descubierto 37 nuevos casos de posibles prejubilaciones fraudulentas a los que hay que añadir los dos anteriormente reconocidos en las sociedades MercaSevilla y Río Grande. Esta información se la ha trasladado al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla para su «evaluación penal».

En esa lista de beneficiarios figura, entre otros, el ex alcalde socialista del municipio sevillano de El Pedroso entre los años 1987 y 1995 y 1999 y 2007, Rafael Rosendo. Tras revisar 30 expedientes de concesión de ayudas a empresas en crisis, los responsables de la Consejería de Empleo –organismo que las tramita–, han detectado 37 casos que afectan a un total de 12 empresas. Aún quedan por analizar 15 expedientes más, por lo que la cifra definitiva podría incrementarse en las próximas semanas.

El Gobierno andaluz admitió ayer que en 2005 la Intervención General de Hacienda «reiteró en varios informes su disconformidad con el procedimiento escogido» para tramitar estas ayudas a empresas en crisis. La Junta realizaba transferencias de financiación a sociedades instrumentales –primero al Instituto de Fomento de Andalucía y luego a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía–. Entre 2001 y 2009 esa cifra alcanzó los 647 millones de euros, que se destinaban a ayudar a sociedades en dificultades. En la mayoría de los casos –en torno al 90 por ciento–, el dinero se destinó a financiar expedientes de regulación de empleo mediante contratos con aseguradoras privadas. En la actualidad, hay aún 6.096 trabajadores en esta situación.

La Junta no asume ninguna responsabilidad política y señala en exclusiva al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, pese a que permaneció en el cargo durante nueve años y con tres consejeros diferentes.