El responsable del «fondo de reptiles» declaró que no leía lo que firmaba

SEVILLA- La Junta de Andalucía ha negado en repetidas ocasiones el fracaso de los mecanismos de control interno en la gestión de las ayudas a empresas en crisis. El pasado martes, la consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, rechazó «con rotundidad que los fondos o los procedimientos administrativos sean ilegales o que no exista control de esas partidas». La responsabilidad de que se contabilicen al menos 39 presuntas prejubilaciones irregulares financiadas por el Gobierno andaluz la atribuyó en exclusiva a la dirección general de Empleo, «la competente en la materia». Este órgano directivo dispuso para este cometido de 647 millones de euros entre 2001 y 2009.

Moreno adujo incluso que aunque la Intervención General de Hacienda pidió en 2005 un cambio en el procedimiento, una decisión «técnico-política» exclusiva del director general hizo que se desoyera esta solicitud.

Entre el 26 de septiembre de 1999 y el 29 de abril de 2008, el director general de Trabajo y Seguridad Social era Francisco Javier Guerrero Benítez. En su declaración ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial a la que ha tenido acceso este periódico adujo lo siguiente: «Antes me he fijado en un detalle: han entrado y le han preguntado: Jefe, ¿por qué no me ha firmado esto? Eso me ha pasado a mí miles de veces. Claro, si uno se tiene que parar a leer todo lo que firma o fijarse en todos los detalles de lo que firma en una dirección de mi envergadura sería cuasi perfecto», señaló.

En esa misma declaración calificó como «fondo de reptiles para crisis» el dinero del que disponía su dirección general y que gestionaba tras transferir a una sociedad instrumental del Gobierno andaluz –primero el IFA y tras su extinción a la Agencia IDEA–.

Guerrero también advirtió a la Policía que el Gobierno central financió con la Junta de Andalucía algunos expedientes de regulación de empleo.

«Con Tragsa, Boliden o la franja minera de Huelva hicimos acuerdos con el Ministerio de Trabajo, mediante el cual las dos partes cubrimos los costes. También intervenimos en Delphi o en la caída del sector de Jerez con las bodegas. Eran crisis particulares que desestabilizaban un sistema productivo», apuntó.

El dinero del Ministerio se habría utilizado para pagar despidos y prejubilaciones en los que el informe de la Policía Judicial aprecia «vicios de nulidad de pleno derecho».

Guerrero admitió ante la Policía que en todos los expedientes de regulación de empleo trabajó con dos brokers de seguros de Vitalia y Uniter «porque se pidió estudios a otros y no permitían que se pagaran los costes de las pólizas a plazos y nosotros no podíamos pagar de golpe». Comerciales trabajando para una Administración sin concurso ni publicidad.