El TSJM acepta la competencia de una denuncia contra la diputada de IU Libertad Martínez por revelación de secretos

En un auto fechado el pasado 16 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados acuerdan aceptar la competencia para el conocimiento de las diligencias previas incoadas en el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ante la condición de aforada de Libertad Martínez.

La sala, que preside Francisco Javier Vieira, reclama al juez la inmediata remisión de la totalidad de las actuaciones seguidas en este juzgado de instrucción. Además, designa instructor al magistrado Antonio Pedreira.

VOTO PARTICULAR
Sobre este auto, el magistrado Emilio Fernández de Castro ha formulado un voto particular respecto a la decisión tomada por la sala de aceptar la competencia del caso al estimar que es una decisión "prematura".

Así, el magistrado destaca que, antes de asumir una competencia, es necesario "confirmar el concurso de indicios de cierta consistencia o solidez"que basan la acusación. Por tanto, critica que "no parece que haya sido precisamente esta línea de actuación la que haya seguido el instructor".

De este modo, recrimina al juez instructor que su decisión de remitir las actuaciones se centre "tan sólo en la circunstancia de que la esposa de uno de los supuestos titulares de la línea telefónica desde la que, al parecer, se efectuó la intromisión informática denunciada y que, como tal, convive con él, es diputada de la Asamblea y, por tanto, aforada".

Por ello, recalca que "no hay otro dato mínimo de solidez del que quepa inferir que dicha persona tuvo alguna participación en la intrusión denunciada", añadiendo que todo se reduce a "conjeturas sin fundamento"y a suposiciones imaginarias.

DENUNCIA CONTRA MARTÍNEZ
En concreto, el juez investigaba a Martínez, así como a José María Luque Guerrero, Juan Berga Monge y María Pastor Gómez. Al ser Martínez aforada, el magistrado solicitó a la Asamblea de Madrid que certificara su condición de parlamentaria para remitir su caso al TSJM, que instruye los asuntos relativos a aforados.

La investigación arrancó a raíz de una denuncia de Izquierda Unida federal por 'piratearse' la página web del partido en Andalucía y por suplantarse supuestamente la identidad del coordinador federal, Cayo Lara.

Según las pesquisas, la diputada se hizo pasar por Lara para anunciar la expulsión de su compañero Miguel Reneses, quien estaba imputado por el TSJM por presunto acoso a una compañera de partido.

Por otro lado, la Fiscalía remitió el pasado 2 de abril un escrito a la Sala en el que se instaba a que la diputada regional declarase como imputada a la vista del desarrollo del procedimiento instruido en el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid.