Abogados italianos se colegian en Valencia para no examinarse

Valencia- Algo así es lo que hacen alrededor de cien abogados italianos que están colegiados en el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) para no tener que hacer la prueba de acceso que es obligatoria en su país, para ejercer la abogacía una vez se ha acabado la carrera de Derecho.
Una vez colegiados en un Colegio de un país comunitario, los letrados pueden ejercer en su nación de origen.

Esta colegiación de extranjeros no es exclusiva del Colegio valenciano, ya que su homólogo de Madrid va más allá y tiene en sus censos a casi un millar de abogados de otros países de Europa, y también, como en España, mayoritariamente italianos.

Ya en el Congreso de la Abogacía celebrado en San Sebastián en 1917, los entonces letrados advertían de la necesidad de establecer una prueba de acceso para el ejercicio de la abogacía una vez acabada la carrera, ya que sólo los abogados y procuradores son los únicos juristas a los que no se les exige una prueba de acceso. Los jueces o los fiscales sí deben hacerla.

En aquel momento, se estableció la pasantía como un modo más o menos indulgente de acceso a la profesión.

Y esta pasantía que se estableció como algo temporal se ha perpetuado hasta 2006, momento en que se aprueba la Ley 34/2006 de 30 de octubre sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

También el Consejo General del Poder Judicial recomendó en 1997 la «capacitación práctica de los profesionales».

Tras cinco años de «vacatio legis», el texto normativo entró en vigor el 30 de octubre.

Colegios, a favor; estudiantes en contra
Los actuales estudiantes de Derecho serán los primeros que deberán examinarse para acceder al ejercicio de la profesión, además de cursar dos años de postgrado. A pesar de que cuando se aprobó la Ley en 2006 se dejó un periodo de cinco años antes de la entrada en vigor de la misma para que todos los estudiantes inscritos entonces pudieran cursar la carrera, los estudiantes que hoy la cursan han recurrido la ley «por injusta» y porque «fomenta el intrusismo laboral al poder ejercer como abogados los titulados de grado con otros estudios con contenido jurídico».

Pablo Joaquín Martínez, portavoz de los estudiantes de Derecho de la Universitat de Valencia explicó que «los estudiantes no queremos derogar la Ley, sino matizarla, y criticó también la discriminación económica ya que los que pretendan ser nuevos abogados tendrán que desembolsar el importe de la formación adicional.

Durante un desayuno informativo celebrado en el Colegio de Abogados de Valencia, tanto el decano de la institución, como los decanos de las facultades de Derecho de la Universitat de València y del CEU se mostraron partidarios de la prueba de acceso que prevé la ley.