Cerco a los abogados carroñeros

En España, afortunadamente, no son habituales los chistes sobre el oportunismo y la avidez de los abogados. Pero no ocurre así en EE UU. El accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que dejó 154 fallecidos, demostró el por qué de tan mala fama. Pocas horas después del siniestro, al menos un centenar de familiares y afectados de las víctimas fueron «tanteados» por abogados de firmas norteamericanas. Antes incluso de que los cuerpos fueran enterrados. ¿El argumento de estos letrados? La implicación en el accidente de una compañía americana, Boeing, y la esperanza de conseguir grandes indemnizaciones. Más de tres años después del accidente, las víctimas del accidente no olvidan una actitud, cuando menos, cuestionable. Basta con rastrear las hemerotecas de aquellos días para hacerse una idea: «Fueron detrás de los coches fúnebres y las ambulancias», dijo uno de los familiares.

Éste fue uno de los temas puestos sobre la mesa por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 tras su reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La presidenta de la asociación, Pilar Vera, afirmó ayer que una de las «aspiraciones» de los afectados radica en que se prohiba y penalice, «tal y como ocurre en EE UU», el acercamiento a las víctimas hasta pasados 45 días del hecho causante, pues, de esta forma, los profesionales pueden «acosar a las víctimas con la firma de contratos para su representación judicial». Y es que, como es lógico, los afectados «se encuentran bajo el impacto emocional, incapaces de decidir lo más idóneo para sus intereses».

Carlos Villacorta, abogado que representa a algunas de las víctimas del accidente de Barajas, asegura a LA RAZÓN que existe un principio deontológico absoluto tanto en España como en Europa: un abogado no puede ofrecer sus servicios ni antes ni durante ni después de un hecho causante. «Está prohibido hacer una ofertación directa de los servicio. Y tampoco puedes dirigirte a un ‘‘target'' de clientes potenciales», aclara. Así lo dicta el artículo 7.F del Código Deontológico de la Abogacía, que prohibe a un abogado acercarse «a víctimas de accidentes» que «carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado». «No es una prohibición puesta al azar», dice Villacorta. «El abogado está en una situación de superioridad en cuanto al conocimiento de leyes, por lo que puede abusar de su posición».

Publicidad limitada
Así, lo que en EE UU es una regla federal que establece un plazo de 45 días, en un país como España está establecida una prohibición en cualquier momento. «Los abogados americanos entienden que su ley se aplica en territorio americano y con víctimas de su país. Y en España consideran que no están sometidos a las leyes españolas», dice Villacorta. Es más: hasta hace poco, incluso la publicidad de los bufetes estaba prohibida, aunque poco a poco se ha ido «abriendo la mano». Pero en otros países, como en Francia, son incluso más restrictivos en lo que se refiere a la ética, «lo que ha provocado que la profesión de abogado sea mucho más prestigiosa», asegura.

Con todo, afirma Pilar Vera, estamos «ante códigos deontológicos de buena conducta. Y si se incumplen, a un abogado no le van a echar del colegio de abogados por eso». No en vano, en Estados Unidos «estas actitudes están muy penalizadas y a un abogado le puede costar la licencia».

Villacorta recuerda que, apenas 48 horas después del accidente, hubo abogados que pusieron anuncios en prensa e incluso facilitaron teléfonos de información gratuitos. Otros incluso convocaron encuentros en hoteles. Pero, ¿qué ocurrió con las víctimas que fueron representadas por abogados norteamericanos? Villacorta señala que los jueces estadounidenses, «la mayoría muy proteccionistas», directamente rechazaron ocuparse del asunto. Algo «de lo que estos abogados deberían haber sido conscientes: al sistema judicial americano no le gusta que los extranjeros traten de obtener indemnizaciones de corporaciones americanas».

El «timo» de los servicios funerarios
No sólo hay abogados que pescan en río revuelto. También hay «profesionales» que estafan sacando partido de la desgracia ajena. La asociación Facua ha recibido quejas sobre servicios funerarios que se presentan en tanatorios y hospitales. Allí aseguran a los familiares de los fallecidos que se encargarán de todo lo relativo al seguro; sin embargo, después les cobran el servicio funerario, cifra que puede ascender a miles de euros. «Se aprovechan de la confusión de la gente», dicen en Facua.