El sueldo de los políticos por J A Gundín

No puede decirse que la propuesta de Cospedal de reducir a la mitad los parlamentos regionales y de suprimir la nómina fija a sus señorías haya generado un titánico debate intelectual como para igualarnos a la Atenas de Pericles; está claro que España no es Grecia. La más esforzada en el intercambio de ideas ha sido la izquierda, que le ha dedicado hondas reflexiones al estilo de: «populismo rampante», «guerra a la democracia» o «golpe blando de Estado». A juicio de los socialistas, se trata de una iniciativa diabólica del capitalismo financiero, pues no habiendo sueldo asegurado, sólo los ricos dispondrían de tiempo libre para la noble actividad de representar al pueblo; al resto de los mortales, condenados a ganarse la vida en el tajo de sol a sol, apenas si le quedaría ánimo para empuñar la antorcha de la democracia. Incluso se ha afirmado que un político sin nómina estaría abocado a caer en brazos de oscuros patrocinadores y a corromperse hasta la médula, de lo que se deduce que el sueldo es como el cinturón de castidad, aunque debe de tener el muelle flojo porque en las dos últimas décadas han sido imputados varios miles de cargos públicos que cobraban religiosamente a fin de mes y no precisamente cuatro perras.
Lo peor de esta elucubración progresista no es su mal concepto de la democracia, que es degradada a pensión alimenticia, sino lo que tiene de insultante para los miles de concejales y alcaldes que velan por los intereses de sus vecinos sin cobrar un euro, la mitad de ellos socialistas, por cierto. En los municipios de España penan y gozan 68.500 concejales, de los cuales el 80% no tiene salario municipal fijo y cobra, en el mejor de los casos, dietas por asistencia a los plenos. Muchos alcaldes hacen el mismo sacrificio. No parece que esos 56.000 ediles que están a dieta sean todos ricos ni, en su defecto, que sacrifiquen el sustento de los suyos por la política. Tampoco puede afirmarse sin caer en la injuria que nuestra democracia municipal sea de peor calidad que la autonómica o la estatal por el hecho de que unos tengan nómina y otros no. En países con pedigrí democrático tan exigentes como EE UU o los escandinavos, la mayoría de los representantes regionales y locales no tiene soldada. El caso de Florida es elocuente, pues, siendo la mitad de España en población y en PIB, tiene menos diputados que Cataluña, a la mayoría de los cuales se les asigna una remuneración por actividad. Sea como fuere, no es buena idea vincular la calidad de la democracia al grosor de una nómina. Entre otras razones porque el político que no depende del sueldo público es más libre personalmente y más independiente de su propio partido. Tal vez sea ahí donde les duele a los burócratas.